Los afectados por sentencias que ilegalizaron las urbanizaciones en las que residen se agarran, uno detrás de otro, al nuevo Plan Xeral para regularizar sus viviendas y salvarlas de la piqueta. Los últimos en acudir a esta vía han sido los residentes en O Piricoto (Castrelos), y los propietarios de tres bloques de A Pastora que ayer mismo, según las fuentes consultadas, entregaron en el Concello los proyectos para obtener nuevas licencias municipales después de que los tribunales anulasen las anteriores. El departamento de Urbanismo deberá emitir una resolución, a favor o en contra, en tres meses, o en caso de superar ese plazo las otorgaría por silencio administrativo. El Ayuntamiento concedió ya el permiso a los vecinos de Jacinto Benavente, urbanización sobre la que pesa una sentencia de derribo.
El proyecto de Castrelos mantiene los tres bloques actuales, donde hay 106 viviendas, y propone reformas mínimas en balcones y cubiertas, según las citadas fuentes, para obtener la autorización municipal. El Tribunal Superior de Xustiza ordenó la demolición "parcial o total" por su impacto visual en una zona próxima al parque de Castrelos y el Pazo Museo Quiñones de León. La situación de los afectados es complicada, ya que el Concello ha asumido que es necesario acatar la sentencia sin dilaciones tras conminarle el juez a ejecutarla, y encargó un informe para definir el alcance del derribo. El documento estará terminado en las próximas semanas. Los vecinos defienden que, con algunas obras de adaptación, el edificio cumple las condiciones del nuevo Plan Xeral y, por tanto, podría recibir licencia. Si se le concede presentarán ante el TSXG un "incidente de inejecución", figura legal que, de ser aceptada, los salvaría de la demolición. El inmueble, situado en la colina de Castrelos, tiene seis plantas con una altura de 25 metros.
Sin cambios
La urbanización de A Pastora, tres bloques que suman 51 viviendas, también ha sido ilegalizada por los tribunales y los residentes se exponen al derribo. El proyecto que han presentado en la Gerencia es una copia idéntica del documento con el que obtuvieron la licencia de obra en 1996, según las susodichas fuentes. Consideran los afectados que la edificación, de ocho plantas, se ajusta totalmente a la ordenación del ámbito en el nuevo PXOM. El planteamiento es el mismo que en los demás casos: lograr la aprobación del proyecto, y defender ante el juez que la legalidad está restaurada al avalarlo el Concello.
La licencia de Jacinto Benavente ha abierto esta vía y los servicios jurídicos del Concello ya han remitido al TSXG la solicitud de inejecución. De ejecutarse los derribos de esta urbanización, de O Piricoto, A Pastora y la de Finca do Conde, el Ayuntamiento tendría que pagar indemnizaciones multimillonarias y caería en la bancarrota, ya que en todos los casos otorgó licencia y los edificios se construyeron respetando los requisitos del permiso.
Como vía para evitar la ejecución los servicios jurídicos argumentan, en Jacinto Benavente, que la urbanización se integra en el entorno, donde hay edificaciones de similares características, y que los propietarios actuaron "de buena fe", siguiendo los criterios que establecían las licencias. Los residentes de los 19 edificios de la calle Rosalía ilegalizados también han presentado proyectos en la Gerencia de Urbanismo para recibir los permisos. En su caso los técnicos han detectado incumplimientos de las licencias concedidas –después anuladas por los tribunales– en todos los inmuebles salvo en uno. En su gran mayoría son "subsanables" con obras de adaptación, aunque hay un caso de mayor dificultad, ya que la fachada ocupa una plaza pública.
Finca do Conde, con dos torres y un centro comercial, ha recibido sentencias en cascada que confirman la nulidad de las licencias. El Plan Xeral admite las construcciones, pero el alcalde, Abel Caballero, sostiene que son ilegalizables porque los permisos se concedieron con informes en contra. Intentan acogerse también al PXOM los propietarios de los apartoteles de Samil. Aquí el Concello no tendría que indemnizar, ya que el incumplimiento de la sentencia fue responsabilidad de los afectados. Estos plantean obras de adaptación para recibir el permiso.
