Es una de las investigaciones judiciales de los últimos años que más se ha demorado. Pero por fin llega a juicio. La juez de Instrucción acaba de trasladar al Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo la causa por el derrumbe del edificio Odriozola ocurrido hace ya una década, concretamente el 2 de marzo de 1999, y que provocó la muerte de una inquilina de 65 años y heridas a otras dos personas que se precipitaron al vacío y lograron salvarse del desplome. Esta sala tendrá ahora que fijar la fecha de la esperada vista oral, que, según fuentes judiciales, se celebrará con toda probabilidad en el primer semestre del próximo año y en la que el fiscal pedirá prisión para siete personas.

La batalla legal iniciada hace diez años y que está recogida en unas diligencias que ocupan catorce tomos se convertirá sin duda en uno de los juicios más importantes que se celebre en 2010 en la ciudad. No sólo por la gravedad del caso en sí, sino también por el elevado número de acusados y de partes personadas en el mismo: además del fiscal, hay una quincena de abogados que representan a los acusados, a las familias afectadas y a las aseguradoras. La sala de vistas de Penal 2 se quedará pequeña para acoger este juicio. Por eso, las mismas fuentes apuntaban ayer que no se descarta que haya que buscar otro espacio en los juzgados para este cometido. Otro problema con el que se encontrará el juez será el del número de jornadas que reservará para esta vista: es probable que se prolongue durante varias semanas para poder tomar declaración a los acusados, testigos y peritos, que deberán responder a las preguntas de todas las partes personadas.

El juicio por el caso Odriozola se demoró no sólo porque la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo fue larga: también se alargó en el tiempo el trámite de realización de los escritos de calificación. De hecho, la acusación de la Fiscalía ya data de hace varios años: el ministerio público considera que el edificio Odriozola se derrumbó por las obras de demolición y el vaciado de un inmueble contiguo. De hecho, algunos de los vecinos llegaron a asegurar en su momento que durante los días previos al trágico siniestro de García Barbón notaron como se movía su casa.

Por este motivo, el fiscal solicita tres años de cárcel para cinco propietarios y administradores de la empresa de demolición responsable del derribo de ese inmueble, a quienes acusa de un delito de homicidio por imprudencia grave. La misma pena de prisión demanda para dos aparejadores, a los que añade una petición de inhabilitación de cinco años al considerar que incurrieron en una negligencia "no sólo grave, sino profesional". Además, solicita indemnizaciones para los hijos de la fallecida y propietarios de negocios y viviendas afectadas. Para todos ellos, el hecho de que el juicio esté por fin tan cercano es sin duda una gran noticia.