El cierre al público de Vigozoo parece inevitable. La Comisión Europea ha ordenado a España que cesen de manera inmediata las visitas al único zoológico de Galicia. La drástica medida obedece a los graves incumplimientos de la directiva comunitaria 1999/22 CE del 29 de marzo de 1999 "sobre el mantenimiento de los animales salvajes en los parques zoológicos". La última inspección realizada a instancias de Bruselas, los informes califican de "inadecuados, inaceptables e insuficientes" los cuidados que reciben los animales de A Madroa. De no acatar la orden de cierre, la Xunta, que tiene transferidas las competencias en la materia, se enfrenta a una multa millonaria.

La esperanzas de que el público pueda seguir acudiendo a ver los animales del zoo son escasas. La Comisión Europea lleva desde marzo de 2007 con las instalaciones viguesas en el punto de mira. El bipartito que gobernaba entonces la Xunta conocía la gravedad de la amenaza comunitaria, y así debió transmitírselo al titular del recinto, el Concello. Pero a la vista de este ultimátum europeo, los responsables municipales no han hecho bien los deberes. Y eso pese a las notables mejorías realizadas en las instalaciones que le han valido para superar por dos años consecutivos los 100.000 visitantes anuales.

En riguroso cumplimiento de la citada directiva comunitaria, el zoo recibe un rotundo suspenso en los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 4. En un documento de la Consellería do Medio Rural al que ha tenido acceso este periódico se cuestiona no sólo cómo se cuidan los animales. Habla de serios fallos en la seguridad, tanto para el personal del zoo como para los visitantes; cuestiona la formación de los veterinarios; duda de los sistemas de prevención de plagas; y de la errónea ubicación de los habitáculos para las cuarentenas, por mencionar sólo algunos de los aspectos más relevantes detectados por los expertos enviados por la Xunta.

En Galicia, la directiva comunitaria se regula a través de la Lei 31/2003 del 27 de octubre de "Conservación da Fauna Silvestre nos Parques Zoolóxicos". De ahí que sea el departamento autonómico de Samuel Juárez el encargado de velar por su cumplimiento y, como ocurre ahora, incluso ordenar el cierre. Aunque en este caso la exigencia parte directamente del organismo comunitario y el departamento autonómico disponga de escaso margen de decisión, la Xunta ha conseguido que el Concello disponga de un mes para presentar un plan que logre evitar el cierre. Este calendario de actuaciones tendría que convencer, primero, al Ministerio de Medio Ambiente, y después, a la Comisión Europea.

Fuentes comunitarias dudan de que la moratoria consiga parar la medida. "Son demasiados requerimientos. El proceso está agotado", añaden. Recuerdan los años que han transcurrido desde la primera advertencia, y restan importancia al "esfuerzo inverso" realizado por el Concello en los últimos años. "No se trata de destinar más o menos dinero al zoo, sino de a qué se dedicó", agregan.

De cumplirse el peor de los pronósticos, el zoo cerrado al público, el Concello debería afrontar un largo y costoso proceso. Una vez realizadas todas las obras siguiendo el guión comunitario, tendría que solicitar la licencia de actividad y de apertura de nuevo a la Xunta. Y como muy pronto, los ciudadanos no podrían volver a pasear por A Madroa al menos durante un año.