Sin acuerdo posible. La vista para fijar la cuantía de la indemnización del Concello a la promotora Miraflores por incumplir un convenio firmado en 1992 se saldó sin aproximación alguna. Las partes defendieron sus tasaciones, entre las que media un abismo millonario, después de que el perito independiente nombrado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 explicase la suya. El Concello estima que los 32.964 m2 que no permitió edificar tenían en 1994, año sobre el que se debe realizar el peritaje, valen 4,9 millones, con lo que tendría que indemnizar por 8,7 al sumar los intereses. El letrado de la empresa maneja cálculos muy superiores. El valor principal sería de 9,8 millones, los intereses 12,6, y los gastos 1,29. Total: 24 millones. Las conclusiones del perito se acercan a las del Concello. Su tasación es de 5,2 millones, sin incluir intereses. El juez dictará auto con la cifra final esta semana.

El perito, José Antonio Comesaña, explicó que tomó 27 "testigos", referencias de valores de suelo y de edificios en el entorno del Plan Parcial Quirós, donde Miraflores iba a materializar el convenio urbanístico. La Administración denegó el desarrollo al considerar excesiva la edificabilidad en el área.

El abogado de la promotora, Juan Griñó, esgrime que sólo dos de los "testigos" tienen como origen escritos de compraventa, y los demás se basan en fuentes como documentos de planeamiento o referencias de prensa, con lo que cuestionó su valor real. Con todo, su principal línea argumental es que el Concello vendió hace cinco años 1.061 m2 de esa misma parcela a Miraflores por más de un millón, y retrotrayéndose a 1994, el precio de todo el ámbito sería, según sus cálculos, de 9,8. "Con los valores de 2004, costaría 30 millones, tres veces más", apuntó. A ello añadió que el Concello se limitó, hasta que fue condenado a pagar, a declarar la nulidad del acuerdo, y fue en la sentencia de apelación cuando hizo su tasación.

Menor aprovechamiento

El letrado municipal, Francisco Yebra, defendió la tasación del Concello y razonó que debe restarse el 10% a la superficie, ya que por ley ese aprovechamiento correspondería al Ayuntamiento. "Es Suelo Urbano no Consolidado, con lo que la cesión es obligatoria", expuso. También basa su estrategia en que, cuando el actual dueño de Miraflores compró las acciones en 2002, tasó la finca en seis millones, mientras que ahora reclama 9,8 con valores de 1994, esgrimió. La indemnización será histórica, ¿pero a cuánto ascenderá? El juez despejará en pocos días la incógnita.