Los errores en la notificación de las multas emitidas por el Concello de Vigo pueden costarle caro. Revise bien la documentación de su vehículo porque un buen número de vigueses ya ha recurrido sanciones cuya existencia desconocía y por importes impagados que en algunos casos alcanza los 5.000 euros. Ninguno de ellos niega que infringiese las normativa de Tráfico en la que se basa la imposición de la multa –en su mayoría, por mal aparcamiento o exceso de velocidad–, simplemente alegan que no les había llegado la carta comunicándosela. Y todos tienen un denominador común: se censaron en Vigo o cambiaron de domicilio en la misma ciudad.

Abrahan Tenoira, del bufete especializado en multas de tráfico Motor&Iuris, lleva en estos momentos cinco casos donde concurren esas mismas circunstancias. Los importes reclamados por el Concello de Vigo y hasta por Hacienda oscilan entre los 2.500 y los 4.000 euros, cantidades desorbitantes para cualquier bolsillo. Para Tenoira, "no hay duda de que se trata de un error en la notificación de las multas". Apela al sentido común para asegurar que nadie deja de abonar una sanción si sabe que al final le va a resultar más cara.

Obligación de indagar

"Pero todo esto ocurre porque no se están aplicando las sentencias del Tribunal Constitucional, las que obligan a la Administración a realizar una mínima labor indagatoria sobre el paradero del multado", argumenta el letrado. O lo que es lo mismo, si el Concello de Vigo remite la notificación de una multa a un domicilio y Correos devuelve la carta por no haber nadie en la dirección indicada, está obligado a averiguar si el infractor reside en otro lugar, incluso cotejando los datos de otras instituciones como la de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Uno de los casos más ilustrativos es el de V.C., otro vigués al que le reclaman 5.000 euros por el impago de sanciones de Tráfico emitidas por la Concejalía de Movilidad y Seguridad de Vigo. Salvo una, el resto de las multas se deben a que su vehículo superó el tiempo máximo de aparcamiento en plazas de la "zona azul". Y todas comenzaron a tramitarse a partir de 2006, fecha en la que se empadronó en Vigo, y donde reside desde entonces.

V.C. desconocía por completo la existencia de esas sanciones hasta que hace unos días recibió la llamada de la actual inquilina de la vivienda que ocupó en una localidad del área de Vigo con anterioridad a su traslado a la ciudad olívica. "La casa estuvo vacía durante todo este tiempo y las notificaciones estaban tiradas en el suelo. Ella me llamó porque todas las cartas venían a mi nombre", cuenta el afectado.

Cuando se hizo con la correspondencia acumulada durante tantos años no se lo podía creer. En concreto, las cartas daban cuenta de una treintena de sanciones, siete de ellas emitidas por Hacienda bajo el epígrafe de "orden de apremio" (por importe de 2.600 euros, aproximadamente), y el resto desde la mencionada concejalía viguesa. La suma de esos 5.000 euros en multas parte del recargo de 300 euros "por no identificar al conductor" aplicado en cada una de ellas.

"No sé otros concellos, pero al menos el de Vigo esa labor indagatoria exigida por el Constitucional no la hace. Da la impresión de que no les interesa", agrega Tenoira. O interesa dependiendo el motivo. Curiosamente, el consistorio sí acertó sin problemas con el domicilio de V.C. cuando en la últimas elecciones le llamaron para presentarse de suplente en una mesa electoral.

En su DNI, permiso de conducir e impuesto de circulación figura el domicilio de Vigo. Su anterior residencia sólo consta en la documentación técnica del vehículo por haberlo adquirido allí. "A veces no basta con tener toda la documentación actualizada, por eso puede haber muchos infractores a los que le reclaman multas impagadas sin saberlo", concluye el abogado.