El caso del convenio urbanístico de Miraflores camina hacia su recta final. Falta por fijar la cantidad que el Concello deberá pagar a la promotora que cedió 13.300 metros cuadrados para construir el primer cinturón a cambio de una edificabilidad en otra zona de la ciudad que nunca se llegaría a ejecutar, pero la incógnita se resolverá en pocos días, y puede convertirse en la mayor indemnización de la historia municipal por una sentencia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 celebra el lunes la vista en la que se presentará el peritaje de los terrenos a cargo de un experto independiente. El Concello ofreció en su día a la empresa, Miraflores S.A., seis millones de euros. La compañía, por su parte, demandó 24 millones.

El origen del conflicto judicial se remonta a 1992, y ha atravesado numerosos avatares en todo este tiempo. El Concello firmó hace 17 años el convenio con la promotora para obtener parte del suelo que ocuparía la circunvalación. El Plan Xeral de 1993 incluyó un ámbito denominado "Quirós" en el que se materializaría la edificabilidad concedida a cambio de las parcelas. Sin embargo, Urbanismo rechazó en 1996 su desarrollo al concluir que la superficie a construir era excesiva.

Como alternativa trasladó la edificabilidad a otra zona, A Bouza Sur. Ambas partes llegaron a un acuerdo, aprobado por el pleno de la Corporación en 2003, pero Miraflores había presentado una demanda que el Tribunal Superior de Xustiza estimó, y pocos meses después quedó invalidado. La empresa presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial por incumplimiento del convenio suscrito en 1992, y el Juzgado de lo Contencioso número 1 de la ciudad le dio la razón, condenando al Concello a pagar.

El Ayuntamiento debe abonar, en virtud de la sentencia, el precio del suelo ocupado en 1992 con los valores de aquella fecha, más los intereses y los gastos que tuvo que afrontar la empresa para materializar el aprovechamiento urbanístico. Lo que resta por definir es la cuantía. Las cifras que manejan las dos partes difieren sustancialmente y, pese a que hubo conversaciones entre sus representantes, no se llegó a un acuerdo.

Un perito independiente hará el lunes su pronunciamiento. "Nos tienen que pagar por las propiedades que nos han quitado", manifestaron ayer fuentes de la compañía.

El portavoz del PP, José Manuel Figueroa, atribuyó la indemnización que tendrá que pagar el Concello a la "nefasta gestión de sucesivos gobiernos socialistas". La oposición estima que el Ayuntamiento tendrá que desembolsar unos 12 millones por el fallo judicial de Miraflores "en el mejor de los casos".

A este pago se une el de otras cantidades millonarias por más sentencias firmes recaídas contra la administración municipal que citó Figueroa. "Son 1,4 millones por las 37 licencias retiradas a taxistas; 2 millones por un edificio en la calle Nebrija; otros 2 por recibos del agua cobrados de más; y 500.000 por otra actuación urbanística en Marqués de Alcedo", enumeró. Los populares consideran que "es necesario rigor y seriedad por parte del alcalde y que se haga un informe jurídico de todos los casos para conocer la situación actual".