08 de octubre de 2009
08.10.2009

Urbanismo estudiará "caso a caso" la posibilidad de legalizar los edificios amenazados de derribo

"Si el problema es de forma, se puede subsanar", afirma Caballero, que descarta una solución para Finca do Conde

07.10.2009 | 23:29
Los concejales visitaron las torres arzobispales de la antigua muralla de Pontevedra

"Si el problema es de forma, creemos que se puede subsanar; si es de fondo, no". El alcalde, Abel Caballero, afirmó ayer que el Concello estudiará "caso por caso" la posibilidad de legalizar urbanizaciones amenazadas de derribo por sentencias judiciales. El procedimiento a seguir para los afectados es el que ya han iniciado, entre otros, los propietarios de la Colina de Castrelos, Jacinto Benavente, Rosalía de Castro, Torres Ifer o apartoteles de Samil. Solicitar licencia. "Los técnicos analizarán cada petición", detalló Caballero. En todo caso mantuvo que se demolerá cuando se agoten todas las vías y los jueces conminen a hacerlo. "No voy a parar ni un derribo. Vamos a cumplir las sentencias: se acabó el que sólo se tiren las casas pequeñas", avisó. Una de las grandes urbanizaciones, la de Finca do Conde, que incluye un centro comercial, carece de posibilidad alguna de salvarse, según el regidor. "Hubo mala fe", argumentó, ya que acusa al anterior gobierno local, del PP, de dar la licencia "con informes de los técnicos en contra".
La amenaza de derribo pende sobre más de mil familias en Vigo. El Tribunal Supremo ha ratificado en una nueva sentencia que el Plan Xeral no da cobertura legal a las urbanizaciones con sentencias en contra, esta vez al desestimar la petición para no ejecutar el derribo de los bloques de A Pastora. "El fallo responde a un incidente de inejecución presentado por el anterior gobierno municipal. El tribunal lo castiga incluso con el pago de las costas porque se justificaba con una pretensión vana, ya que en ese momento ni siquiera había una aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral. Es un severo correctivo jurídico", censuró el alcalde.
Los afectados, como los de las demás urbanizaciones amenazadas por la piqueta, deben solicitar otra vez el permiso municipal para intentar salvar sus viviendas. "Cuando llegue cada solicitud la estudiaremos. Ésa es la metodología a seguir. En unos casos será posible legalizar, porque el problema obedece a cuestiones formales que el Tribunal Supremo puede considerar menores. El técnico dirá si puede ser legalizable", amplió.
Si no puede serlo, el gobierno ejercerá sus responsabilidades, matiza Caballero a renglón seguido. Como ejemplo citó la Colina de Castrelos, donde los jueces han decretado un derribo al menos parcial para adecuarlo al entorno del parque y el pazo. El Concello encargó al Colegio de Arquitectos un proyecto para conocer qué partes hay que derruir para satisfacer la demanda judicial. "El arquitecto está recabando informes para emitir el suyo, y actuaremos en consecuencia", comentó el regidor.
Finca do Conde carece de solución posible, sostiene Caballero, a pesar de que si se ejecuta la sentencia el Concello se enfrenta a una indemnización de 300 millones que lo llevaría a la bancarrota, puesto que los promotores tenían licencia municipal. "Comparto de principio a fin el planteamiento de que no se pueden legalizar automáticamente con el Plan Xeral obras que son ilegalizables. Algunas barbaridades de gobiernos anteriores no se pueden legalizar porque responden a actos de mala fe", aseveró.

Los ediles de las ciudades se unen para preparar una ley del territorio
Los concejales de Urbanismo de las siete grandes ciudades gallegas acordaron ayer en Pontevedra trabajar en una nueva ley con contactos periódicos, fijando ya un próximo encuentro para finales de noviembre en Santiago. Los responsables municipales decidieron que la idea de celebrar este tipo de reuniones sectoriales tendrá continuidad con el ánimo de estudiar los problemas e intereses comunes de las ciudades en asuntos como la planificación y gestión urbanísticas o las relaciones con la Xunta de Galicia.
"Es preciso mantener abierto y fluido el diálogo sobre la ordenación del territorio", reclamaron los concejales. La Administración local, y muy especialmente las siete entidades que acumulan cerca de la mitad de la población gallega, tienen mucho que aportar a ese debate, partiendo siempre de la premisa de la colaboración y la lealtad institucional.
En este sentido, los responsables de Urbanismo de las ciudades están de acuerdo en que ha llegado el momento de elaborar una nueva ley para la Comunidad Autónoma que vaya más allá de las constantes modificaciones que "está sufriendo este texto legal".

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