El acuerdo sobre el transporte metropolitano, que permitiría abaratar el coste de los billetes de autobús y barco más de un 30%, sigue sin llegar, y parece aún lejano. La Xunta y los concellos a los que ha propuesto firmar el convenio para ponerlo en marcha discrepan sobre el modelo, y en estos siete meses, con el nuevo Gobierno autonómico, los avances han sido escasos. De los diez municipios que entrarían, sólo Redondela aceptó, y Salceda lo apoyaría con cambios. Baiona, Gondomar y Soutomaior lo rechazaron, según portavoces de la Consellería de Territorio. Los restantes no contestaron de forma oficial.

El de Vigo, el eje del sistema por ser el punto de salida y llegada de buses y barcos, es uno de los ayuntamientos que discrepan. “Las conversaciones están paradas”, indica el edil responsable de Tráfico, Xulio Calviño. El acuerdo con el gobierno municipal resulta complejo, ya que el transporte metropolitano debe complementarse con el urbano, que además ya subvenciona el Concello con una ayuda “universal”, a la que puede acogerse cualquier persona sin necesidad de estar empadronada en Vigo. “Ya estamos aportando nueve millones al año”, recuerda el concejal.

Itinerarios

Portavoces autonómicos señalan por su parte que “no existe aún acuerdo con el concello ni para fijar itinerarios y paradas del transporte interurbano en este concello, ni para fijar la situación de un intercambiador con el urbano”. La propuesta de convenio fue remitida al Concello hace ya un año.

La Xunta propone integrar en la red de transporte metropolitano a Vigo, Redondela, Soutomaior, Cangas, Moaña, Porriño, Mos, Gondomar, Nigrán, Baiona y Salceda de Caselas. En el caso de las localidades de O Morrazo entraría también el servicio de pasaje de ría, para el que se crearía igualmente un billete subvencionado.

El transporte metropolitano es un viejo proyecto que ya planteó el ahora presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en 2004, cuando dirigía la Consellería de Política Territorial. En aquel momento estimaba que podría ponerse en marcha en 2005, pero no llegó a firmarse el acuerdo ni en la última etapa del gobierno de Manuel Fraga, ni en el bipartito formado por PSOE y BNG.