Un servicio colapsado. La Oficina Común de Notificaciones y Embargos de los juzgados vigueses se encuentra al límite y buena prueba de ello son las más de 2.000 diligencias pendientes que se acumulan en esta sala, que se encarga de realizar las notificaciones y requerimientos a los particulares implicados en cualquier tipo de proceso judicial así como de ejecutar los embargos y desahucios (lanzamientos), que se han disparado a raíz de la crisis económica. Los funcionarios ya no pueden más y han informado de la situación al decanato, que acaba de remitir sendos escritos a la Dirección Xeral de Xustiza y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) solicitando un refuerzo de la plantilla.

"Esto es un caos; el trabajo ha aumentado de una manera increíble", afirmaban ayer trabajadores de este servicio, que ven como las montañas de papel sin resolver se unen a otros viejos problemas de esta oficina a los que todavía no se les ha dado solución, como es el hecho de que sus 19 funcionarios tienen que desarrollar su labor en un espacio de apenas 30 metros cuadrados. Ni la intervención de la Inspección de Traballo ha logrado solventar esta situación.

Procuradores

El personal no llega para ejecutar un trabajo que obliga a los funcionarios a salir a diario a la calle para realizar requerimientos, citaciones, embargos o desahucios tanto en Vigo como en Nigrán, Baiona y Gondomar. Pero no sólo eso, porque entre las labores que tiene este servicio asignadas se encuentra también la de notificar a los procuradores, para lo que están destinados de forma exclusiva cuatro de los empleados.

La elevada carga de trabajo que soporta este servicio vigués ha quedado reflejada en la última memoria anual del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que arroja que durante todo 2008 se tuvieron que realizar casi 30.000 notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos, así como prácticamente 1.800 embargos y desahucios. Y este año los números han engordado: en el caso de los embargos y lanzamientos, la cifra ya alcanza los 2.000 en lo que va de 2009. "Y aún faltan tres meses para acabar el año", advierten las fuentes judiciales antes citadas, que atribuyen este aumento a la crisis.

No es la primera vez que se denuncia la escasez de personal en el servicio. La situación ya ha sido notificada a la Xunta tanto por la propia oficina como por el Colegio Oficial de Procuradores de Vigo, advirtiendo de que el trabajo se acumula y se producen graves retrasos en los señalamientos de los embargos o de los desalojos de los inquilinos morosos. Ahora, el juez decano vigués, Jaime Bardají, ha vuelto a informar de un problema que, alertan, urge de una rápida solución.