05 de abril de 2009
05.04.2009

Vecinos de Jacinto Benavente claman al Concello que evite el derribo de sus viviendas

Los propietarios confiaban en que el PXOM legalizase los 282 pisos

05.04.2009 | 02:00
Ya no hay anuncios de venta en las ventanas de los grandes edificios del "Peri" de Jacinto Benavente porque no se pueden vender. Aún así, algún inquilino señala que se ofrecen dúplex en páginas de internet sin detallar exactamente la dirección. La última (y más importante) resolución judicial abre la vía a la demolición de las 180 viviendas después de años de contradicciones e incertidumbres. La denuncia que originó el procedimiento, así como otras interpuestas en los bloques de viviendas de Rosalía de Castro y los chalés de Canido, corresponden a un vigués habitual en los contenciosos urbanísticos contra el Concello.

"Sorprendidos" por la sentencia del Tribunal Supremo. El millar de vecinos de la comunidad de Jacinto Benavente –con pisos ubicados entre las calles Chano Piñeiro 1,3,5,7 y 9, y Coruña 76-78– se enteró ayer por la prensa de que el alto tribunal desestima el recurso del Concello de Vigo para evitar el derribo de sus viviendas. Sin apenas tiempo para asimilar la noticia, los afectados clamaban ayer al gobierno local una solución que permita legalizar de forma definitiva sus propiedades y dejar de vivir angustiados por la amenaza de demolición.

En su recurso, el Concello solicitaba al Supremo la inejecución de la sentencia dictada previamente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y que anulaba la licencia de esa urbanización. Además, planteaba la posibilidad de legalizarla con el nuevo Plan General. Pero el Supremo desoyó sus argumentos e incluso condenó al Concello a pagar las costas judiciales.

Pese al dictamen del Supremo, los vecinos siguen confiando en que la inclusión del inmueble en el PXOM permita legalizar sus propiedades y, por otra parte, ahorrar a la institución local el pago de indemnizaciones millonarias. "¿El Concello tiene dinero para indemnizar a tanta gente?", se preguntan Isabel Villanueva y Alberto Fernández, vecinos del portal nº 7. "Tenemos callo", agregan quienes llevan años de sentencias y recursos, de abogados y apelaciones. "Nos ha cogido por sorpresa, pero no nos quedaremos de brazos cruzados. Lucharemos hasta el final", advertían ayer desde el número 9 de la calle Chano Piñeiro.

A Estrasburgo

Una portavoz de la comunidad de vecinos de Jacinto Benavente asegura que el largo proceso para intentar legalizar sus viviendas les ha generado 50.000 euros de gastos. Contra la resolución del Tribunal Supremo sólo cabe recurso ante el Tribunal Constitucional o instancias superiores como el de Estrasburgo (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), lo que agravaría de forma importante el coste judicial del proceso. Los afectados se reunirán la próxima semana para decidir si actúan legalmente o no. Desde el Concello declinaron ayer hacer cualquier tipo de valoración sobre este asunto.

Las 180 viviendas afectadas –la comunidad de propietarios habla de 282– están repartidas en ocho edificios del llamado Peri "Jacinto Benavente", pero también cuentan con 244 plazas de garaje y trasteros en la urbanización ubicada frente a la nave de una multinacional de juguetería. La sentencia de demolición del inmueble fue dictada hace ya diez años por el TSXG por superar la edificabilidad estipulada, además de tener la licencia de construcción anulada por otra resolución judicial.

Este último dictamen del Supremo podría tener fatales consecuencias en Vigo de aplicarse en el resto de ámbitos amenazados por autos judiciales con órdenes de derribo. Como las 500 viviendas de la calle Rosalía de Castro; las construidas en Finca do Conde; las Torres Ifer de García Barbón o la urbanización de La Pastora. Además, esta decisión y la recientemente conocida sobre O Piricoto, dejan en entredicho que la entrada en vigor del PXOM acabe con el goteo de fallos judiciales contra el Concello.

En el caso de Jacinto Benavente, los juristas razonan el pronunciamiento del Supremo utilizando el siguiente ejemplo. En el caso de una sanción por infringir el estacionamiento en una zona prohibida, la multa deberá abonarse aunque, años más tarde, en la zona ya esté permitido aparcar. "Porque la infracción está vinculada al momento de ser cometida", razonan.

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