La Universidad de Vigo deberá anular ocho cátedras de I+D+i aprobadas en 2001 durante el mandato del ex rector Domingo Docampo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia exige, en una sentencia dictada el pasado 19 de noviembre, la resolución "inmediata" del fallo emitido en 2003 por el Contencioso-Administrativo de Vigo en el que declaraba ilegal la convocatoria de dichas plazas.
El alto tribunal considera que el Rectorado vigués ha tenido una "maliciosa actuación" durante todo el proceso al no hacer efectiva la sentencia de anulación "en su momento" y le obliga además al pago de las costas.
A pesar de la primera sentencia de nulidad del juzgado de lo Contencioso, el equipo de Docampo continuó con el concurso y adjudicó las ocho plazas. Mientras tanto, presentó diferentes recursos ante el TSXG y el Tribunal Constitucional, este último por considerar vulnerada la autonomía universitaria. En ambos casos, el resultado fue negativo para la Universidad de Vigo, a quien se instaba a suspender las cátedras.
El actual rector Alberto Gago admitía en diciembre de 2006, cuando FARO avanzó la sentencia del Constitucional, que había "fallos de forma" en la convocatoria, pero que no se ponían en cuestión los méritos de los afectados, entre ellos Manuel Reigosa, que acaba de abandonar su cargo de vicerrector de Investigación por motivos personales, y Xosé Henrique Costas, director del Área de Normalización.
El siguiente paso de la Universidad fue presentar un recurso de inejecución ante el Contencioso-Administrativo Número 1 de Vigo por los prejuicios que la anulación de las plazas podría causar a sus titulares, que han ejercido como catedráticos durante estos años, y a la propia institución. También alegaban que los errores de la convocatoria no serían tales con los actuales estatutos.
En el verano de 2007, el juzgado resolvía a favor de la institución académica. Los dos profesores de Telecomunicaciones que denunciaron el concurso en los tribunales en 2002 elevan entonces un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, quien ha ratificado de nuevo la primera sentencia de ilegalidad.
El magistrado Pedro J. Fernández estima que la universidad viguesa debió aducir la imposibilidad de anular las cátedras después de la sentencia del TSXG de 2004, cuando además los nuevos estatutos ya estaban aprobados. Considera que la Universidad "dilató maliciosamente" su reacción y establece que las "supuestas inconveniencias" aducidas ahora por la institución derivan de su mal hacer.
Las ocho cátedras anuladas están adscritas a los departamentos de Teoría de la Señal, al que pertenece Domingo Docampo; Fisiología Vegetal; Ecología; Ingeniería Química; Química Analítica; Filología Gallega y Portuguesa; Matemática Aplicada; y Microbiología.
