Cumplir los plazos anunciados para la depuradora será un reto, como mínimo, complejo. O quizás una quimera. Ministerio y Consellería de Medio Ambiente tendrían que cubrir en tiempo récord la tramitación de la obra, cuyo inicio se ha anunciado para el verano, y la propia construcción, que debería estar terminada en 2011 según el calendario fijado y comprometido ante la Unión Europea bajo amenaza de multa de 20 millones a España por contaminación a la Ría. Un reto difícil para acometer la mayor infraestructura hidráulica de Galicia, con un presupuesto de 235 millones de euros. La planta de Bens, en A Coruña, se adjudicó en 2004. El coste es tres veces menor al de la del Lagares, y el periodo de ejecución fijado, de cuatro años. Hoy sigue sin estar terminada.
La ministra de Medio Ambiente anunció que en marzo se licitarán las obras de la macrodepuradora de Vigo. Será complicado. El anteproyecto aún no se ha hecho público, y es obligatorio obtener después la declaración de impacto ambiental para dar vía libre a la construcción. Este trámite, según expertos consultados, conlleva entre seis y ocho meses, ya que es preciso definir el alcance del estudio, consultar dos veces a las administraciones, exponerlo al público y responder a las alegaciones. La declaración de Bens tardó en llegar dos años, y la depuradora de Vigo estará ubicada, además, en un entorno sensible, al lado de la marisma del Lagares. La actual planta ocupa parte de la xunqueira e invade territorio marítimo-terrestre, que se liberará.
La consellería plantea tramitar en paralelo los pasos obligatorios para que las máquinas empiecen a operar en plazo dentro de la parcela. El proyecto y la obra se licitarían juntos, y durante la redacción del documento técnico se incorporaría la declaración de impacto con las condiciones que imponga. El estudio ambiental ya está adjudicado a la misma ingeniería que elaboró el anteproyecto.
Las obras, sin precedentes en una infraestructura hidráulica en la comunidad, también deben batir marcas para estar terminadas en plazo, y a ello se une otro condicionante. La construcción tiene que compatibilizarse con el funcionamiento de la planta actual, que se eliminará a medida que se levante la nueva pero deberá garantizar entretanto unos mínimos de tratamiento para evitar vertidos a la Ría.
El Gobierno ha destinado en sus Presupuestos 101 millones al saneamiento de Vigo en 2009. y la Xunta cinco. Una cifra también difícil de invertir aunque se cubriesen los pasos en tiempo.
