Intervención pública en el mercado para controlar los precios y facilitar el acceso de las familias a una vivienda. Ese es el objetivo que persigue la Xunta con la puesta en marcha del Plan Sectorial de Vivenda Protexida na Área Funcional de Vigo, que prevé construir en cinco años 12.155 pisos a precios limitados en el sur de la provincia. Más de la mitad, 7.500, se edificarán en la ciudad olívica, y a este primer grupo se sumarán otros 1.875 hasta el año 2017, fecha de conclusión de un ambicioso programa que en los próximos ocho años pretende urbanizar en el municipio 1,5 millones de metros cuadrados de suelo y poner en el mercado 9.375 inmuebles a precios limitados.

El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, presentaron ayer en Vigo un programa que contempla actuaciones en quince municipios pontevedreses, en los que se construirán 15.194 pisos protegidos con fecha tope 2017. Las previsiones del Gobierno gallego pasan por la urbanización de tres millones de metros cuadrados de suelo y una inversión de 640 millones de euros, aportados por la Administración autonómica y el sector privado. "El 80 por ciento del plan debe ejecutarse en el primer quinquenio", lo que da a la Xunta dos años para hacerse con la gestión del suelo.

"Es la primera vez que en el Estado un gobierno autonómico interviene de esta forma para incidir en el mercado de la vivienda", resaltó el vicepresidente de la Xunta durante la explicación del plan a colectivos sociales y vecinales, los alcaldes de municipios como Tomiño, Nigrán o Salceda, y concejales del BNG de Vigo. El alcalde excusó su ausencia alegando problemas de agenda.

La ciudad de Vigo acapara el 70 por ciento de la inversión con 432 millones repartidos en nueve bolsas de suelo. Juntas suman un millón y medio de metros cuadrados, de los que 444.000 se reservarán para zonas verdes, 163.500 para dotaciones públicas y se habilitarán 5.643 nuevas plazas de aparcamiento, cuestión especialmente relevante en zonas como Travesía.

Las nueve áreas de la ciudad en las que la Xunta pondrá en el mercado vivienda protegida son Pereiró (319); Costa-Castrelos (2.062); Gorgoso (552); Pescadería (1.356); Cantabria (1.294); Cabral (1.240); Travesía-Aragón (478); Telleira-Falcoa (1.216), y Pardarilla (858). Estas dos últimas áreas corresponden al segundo quinquenio de aplicación del programa y serán las últimas en las que se construya.

Durante la presentación del plan, Táboas garantizó la viabilidad económica de los nueve ámbitos de actuación en Vigo y explicó que la selección de terrenos sigue "criterios de integración social, sustentabilidad y mejora de la calidad urbana".

La nacionalista se refirió al programa como "una oportunidad para las familias que quieren comprar un piso sin realizar un esfuerzo superior al 30 por ciento de sus ingresos" y una salida para los empresarios, por cuanto abre nuevas posibilidades de negocio y ayudará a mantener empleos en la construcción, uno de los sectores más afectados por la crisis.

Junto con Vigo, las poblaciones donde se intervendrá son Cangas (414 pisos); Moaña (266); Gondomar (203); A Guarda (309); Mos (427); As Neves (248); Nigrán (1.950); Porriño (785); Ponteareas (182); Redondela (102); O Rosal (155); Salceda de Caselas (263); Salvaterra do Miño (174), y Tomiño (341).

"Complementarios"

El plan autonómico prevalece sobre las directrices de los planeamientos municipales y su cometido principal es agilizar la gestión del suelo. Desde la consellería destacaban ayer su "complementaridad" con el Plan Xeral de Vigo y descartaron cualquier posible fricción por el hecho de que las previsiones de edificabilidad de la Xunta excedan las del PXOM vigués.

Defiende Vivenda que la figura urbanística del Plan Sectorial permitirá acelerar la adquisición de suelo. "En un 85 por ciento de los casos" esperan conseguirlo mediante acuerdos con los propietarios, puesto que el departamento autonómico no podría asumir las expropiación. En último caso, se barajaría la posibilidad de una permuta o compra de terrenos.

Con tan sólo 26 de los 315 municipios gallegos con planeamientos adaptados a la nueva Lei do Solo, Quintana zanjó ayer cualquier polémica explicando que "era urgente poner en marcha una normativa urbanística superior que permita calificar suelo residencial a corto plazo".