El gobierno local no prevé ninguna medida provisional ante el cierre de la Casa de Acollida. El pleno municipal rechazó ayer la moción presentada por la concejala popular Lucía Molares en la que instaba a ofrecer una alternativa "real e inmediata" a las mujeres víctimas de la violencia de género durante el periodo transitorio en el cual se desarrollará el centro de emergencia anunciado por la concejala de Igualdad, Iolanda Veloso.

Pese a estar de baja por maternidad, Veloso acudió al pleno para defender la gestión de su departamento. La edil nacionalista insistió en que las mujeres víctimas de la violencia de género tienen garantizada la asistencia. "El Centro de Información de la Mujer (CIM) sigue funcionando. La atención está y estuvo garantizada en todo momento. Todas las mujeres que se acercaron al CIM la obtuvieron. Yo me responsabilizo de ello", recalcó.

Tras un intenso debate a tres bandas entre Iolanda Veloso, Lucía Molares y la edil de Educación, Laura López Atrio, los populares exigieron a la concejala de Igualdad que fechara la puesta en funcionamiento del centro de emergencia. Veloso recordó que las previsiones de su departamento apuntan a que será una realidad a finales de septiembre. Molares puso en duda la capacidad del gobierno local para cumplir la promesa. "Si en septiembre está en funcionamiento, yo la felicitaré porque será un récord. Pero si no está, pediré su dimisión", espetó Molares a Veloso.

Asimismo, tanto populares como la edil socialista Laura López Atrio abogaron porque las 16 mujeres que trabajaban en la Casa de Acollida -algunas acudieron al pleno de ayer- fueran rehubicadas en el nuevo centro planificado por el BNG.

Delitos Graves

El pleno manifestó también el apoyo unánime a las víctimas de delitos graves -tras una moción presentada por el edil popular Jorge Conde- pero rechazó la posibilidad de solicitar al Gobierno central las modificaciones legislativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las penas íntegras por parte de los autores. El edil nacionalista Xesús López mostró su desacuerdo argumentando que la "reinserción" es el objetivo de las penas, frente a la ley del "ojo por ojo". Asimismo, el portavoz socialista Carlos López Font también rechazó la propuesta al considerar que necesita de un cambio constitucional y no creer que un pleno municipal fuera el "foro idóneo".