29 de julio de 2008
29.07.2008

El Concello deberá indemnizar con 1,4 millones por retirar la licencia a taxis ilegales

Las licencias fueron concedidas en 1992 y los tribunales obligaron a su devolución por considerar que no eran necesarias

29.07.2008 | 17:56

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, confirmó hoy que el Ayuntamiento empezará a abonar en las próximas semanas las indemnizaciones a unos 40 taxistas a quienes se otorgaron licencias ilegales que luego les fueron retiradas, y que suman 1,4 millones de euros.

Según explicó hoy el regidor vigués, el Ayuntamiento recibió hace unos días la sentencia definitiva que le obliga a abonar estas indemnizaciones y precisó que "las arcas municipales se van a resentir por una decisión tomada por Gobiernos anteriores", al tiempo que anunció que "habrá muchas más", sobre todo en el ámbito urbanístico. A ese respecto, lamentó que "habrá que encoger los gastos de la ciudad" para hacer frente a esos pagos.

El pasado 20 de junio el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia requirió al Ayuntamiento para que ejecute la sentencia, para lo que da un plazo de tres meses. Así, toda vez que el Supremo ya desestimó un recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, se obliga a la Administración local a abonar unos 26.500 euros a 27 afectados; otros 28.250 euros a otros 6 taxistas; casi 25.000 euros a otros dos afectados; 19.700 euros a otro más; y 22.000 euros a otro afectado, todo ello más intereses.

En todo caso, en la sentencia se recoge la posibilidad de aplicar el artículo 106 de la ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y que establece que, si la administración condenada tiene problemas para efectuar el pago de las indemnizaciones, puede presentar una "propuesta razonada" para que el tribunal resuelva la ejecución de la sentencia de la forma "menos gravosa".

Proceso judicial

El proceso se inició en 1992 cuando el Ayuntamiento de Vigo, presidido por el alcalde socialista Carlos Príncipe, amplió en cien el número de licencias de la clase 'A' de autotaxis. Posteriormente, el TSXG, en 1993, y más tarde el Tribunal Supremo --en 1996--, anularon dicho acuerdo plenario, por no estimar acreditada la necesidad de crear esas nuevas plazas de autotaxi, lo que obligó a la devolución de las licencias.

Como consecuencia de esta decisión, casi 40 afectados presentaron una demanda reclamando la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y pidieron una indemnización por distintos conceptos, entre ellos la pérdida de las licencias, la pérdida de los puestos de trabajo y por daños morales. El Ayuntamiento vigués desestimó su reclamación alegando silencio administrativo, pero el Alto Tribunal gallego falló en favor de los reclamantes.

La Administración local presentó un recurso de casación ante el Supremo contra dicha sentencia del TSXG alegando, por un lado la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial y, por otro, que no ha habido perjuicios para esos taxistas, ya que las licencias se otorgaron con carácter provisional.

No obstante, el Supremo consideró que "no ha lugar" al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento y ratifica la sentencia del TSXG, en la que se considera procedente la responsabilidad patrimonial ya que los casi 40 taxistas perdieron su trabajo "de manera irreversible". Asimismo, se recoge en el fallo que los afectados no actuaron con negligencia, sino que la responsabilidad fue del Ayuntamiento por haber "otorgado licencias al amparo de una ampliación de plazas que nunca debió aprobar".

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