Los empresarios del centro comercial Gran Vía no levantan cabeza. A los problemas de inseguridad jurídica que arrastran desde la apertura del complejo hace dos años suman ahora una delicada situación económica, que ha obligado a quince de ellos a echar el cierre, mientras otros quince negocian con la firma propietaria seguir por el mismo camino.
Afectados y sindicatos comparecieron ayer para alertar de la delicada situación de las más de 70 pequeñas empresas que todavía permanecen abiertas y reclamar la intervención del Concello en el asunto. "Ellos le dieron licencia a un centro declarado ilegal por los tribunales años antes y ahora deben intervenir".
Ese es el deseo unánime formulado ayer por la portavoz de los afectados de Gran Vía, Gloria Vázquez, quien pidió al concejal y la gerente de Urbanismo "que legalicen nuestra situación" pues manifiestan sentirse "desamparados". Aseguran haberse enterado un mes después de la inauguración de los problemas legales del inmueble y dos años después, en un contexto de crisis económica, "con déficit de promoción" y con contratos con hasta cinco años más de vigencia, se ven "atados a unos negocios que en algunos casos pierden dinero".
Vázquez asegura rotunda que "el centro comercial no es rentable" y revela además que la "ilegalidad" en que se encuentra no hace más que presionar a los empresarios que abrieron negocios en él, ya que actualmente "carece el centro de seguro de responsabilidad patrimonial y además nadie quiere financiarnos".
A estos problemas se unen los compromisos adquiridos con la actual propietaria del complejo, según ellos una financiera holandesa, a la que acusan de "estar negociando individualmente con cada propietario" y permitiendo la apertura de nuevas empresas o traspasos cuando aseguran que "los inquilinos de algunos locales ya han recibido notificaciones del Concello en las que se nos advierte de que podemos ser precintados en cualquier momento".
Alquileres elevados
Con alquileres mensuales que alcanzan los 3.500 euros y un descenso de clientela, son muchos los empresarios que han decidido cerrar y que se encuentran actualmente en conversaciones con la firma propietaria para intentar evitar el pago de los "más de 200.000 euros que en algunos casos supondría ejecutar los contratos, algunos de cinco y otros de ocho años".
Sin alternativas en el horizonte, los afectados, que se sienten "estafados", pidieron ayer que Urbanismo "legalice nuestra situación sin tener que volver a pagar por las licencias de apertura y agilice los trámites para no tener que estar otros dos años en situación irregular mientras se resuelve el futuro de todo el inmueble".
A mayores, la portavoz solicitó ayer la intervención de la Fiscalía para que abra una investigación sobre la situación del centro y "ponga nombre a lo que está sucediendo en Gran Vía", convencida de que las 70 pymes de centro comercial son vistas por los dueños como "la panacea de hacer dinero".
