Faltar a una clase puede ser una gamberrada aislada. Pero hacerlo una y otra vez no es precisamente una travesura. Y en Vigo este problema no es una excepción, hasta el punto que la propia Fiscalía no duda en mostrar su preocupación tras la detección de una serie de casos de absentismo escolar. ¿La solución? El fiscal especializado en el área de Protección de Menores demanda "una mayor implicación" de la Consellería de Educación, en colaboración con Vicepresidencia, para atajar esta situación.

"No es alarmante, pero se ha detectado un cierto absentismo escolar", afirma José Ramón García Palacios. Al despacho de este fiscal vigués, cuya competencia en el área de Protección abarca toda la provincia, han llegado algunos casos, pero advierte de que su facultad para solucionar este problema es muy limitada, ya que la única vía que tiene es la de imputar a los padres un delito de abandono de familia si se demuestra que son responsables directos de que su hijo falte a las clases.

En Vigo, a lo largo del pasado año, esta sección especializada de la Fiscalía tramitó una denuncia contra unos progenitores por este motivo. Pero en muchos casos ésta no es la solución. "Yo puedo valorar porque ese niño falta a clase. Hablo con los padres y me dicen que ellos entran a trabajar a las seis de la mañana... A veces son culpables de ese absentismo, pero en otras ocasiones no, porque el problema radica en la rebeldía del niño", expone este profesional. Por este motivo, considera que la consellería debería implicarse más y buscar la manera de combatir este problema del sistema educativo.

Ésta no es la única cuestión que preocupa a este fiscal. En su memoria del pasado año pide la implicación de otra consellería, en esta caso la de Sanidade, para la puesta en marcha de un servicio de Psiquiatría infantil especializado que se dedique a tratar a menores que presentan conductas antisociales por padecer trastornos como la hiperactividad. En relación con estos niños, también solicita que se creen centros de menores específicos para ellos. "La experiencia demuestra que cuando están en un centro de acogida normal, en vez de relajarse, alteran al resto de los niños", afirma.

En la memoria de 2007 destacan varias cifras: entre otras, la incoación de 243 diligencias informativas sobre menores que podrían estar en situación de desprotección y la formalización de seis denuncias por casos de supuestos abusos, malos tratos o abandono de familia en los que las víctimas son menores. En uno de estos casos ya hay sentencia: un padre condenado a 12 años por abusar de su hijo.