El campus vigués acogerá en el plazo estimado de un año un centro de referencia nacional para homologar carrocerías de vehículos de transporte de mercancías. El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, y el rector Alberto Gago presentaron ayer el proyecto para la creación de este laboratorio, el primero de Galicia y que se sumará a los dos únicos que cuentan a día de hoy con la acreditación del ministerio en Madrid y Cataluña.
La instalación dará servicio a las sesenta empresas carroceras que operan en la comunidad y que suponen el 6% del sector en España y el 20% en el apartado de grandes empresas, pero nace con la vocación de trabajar para todo el noroeste peninsular.
El centro será gestionado por los ingenieros industriales que conforman el Grupo CIMA y contará con una inversión inicial de tres millones de euros y una decena de trabajadores. Cuando entre en funcionamiento la consellería confía en que sea autofinanciable.
Vigo realizará homologaciones de series cortas, que implican entre 75 y 500 vehículos, e individuales, a precios "muy competitivos", asegura el director del grupo, José Antonio Vilán.
El CIMA ya coordina desde julio de 2006 un laboratorio oficial para la certificación de reformas en vehículos y ahora verá ampliadas sus competencias para cumplir con la nueva normativa europea de homologaciones. Todavía debe adaptarse a la legislación española y supondrá en breve más exigencias para los carroceros, que pasarán a denominarse fabricantes de vehículos de segunda fase.
El centro llega precisamente como respuesta de la consellería a la inquietud del sector, ya que les evitará desplazamientos a Cataluña o Madrid y les atenderá "con rapidez y profesionalidad" eliminando "desventajas competitivas".
El laboratorio comenzará a funcionar en las actuales instalaciones del CIMA, en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, será dotado de equipamiento y se creará una fundación para gestionarlo que incluirá a agentes tecnológicos y asociaciones del sector.
Blanco confirmó que la solicitud se formalizó ayer mismo ante el Ministerio de Industria y que la autorización debería ser "inmediata", por lo que su previsión es que el servicio esté en disposición de trabajar en doce meses.
El rector destacó por su parte que sus responsables conforman "uno de los grupos más activos y potentes" y destacó la posibilidad de "hacer visible la utilidad social de la actividad en I+D de la Universidad".
