Los problemas de Vigo con el urbanismo han dejado en la asesoría decenas de procesos judiciales sin resolver y sentencias sin ejecutar. Velar por el cumplimiento de la normativa siempre es difícil pero más cuando se trata de dar cumplimiento a órdenes de derribo o reformas en viviendas o locales comerciales. El abogado Francisco Yáñez reconoce que "conseguir la ejecución de estas sentencias lleva años y casi nos obliga a perseguir a los propietarios".
No sólo los pleitos propiamente dichos sino su seguimiento ocupan buena parte de su tiempo, al igual que el centenar de demandas contra el Concello en concepto de responsabilidad patrimonial. Son residuales si se comparan sus indemnizaciones y repercusión con las de Urbanismo, pero suponen un 25 por ciento de la actividad del departamento jurídico, con un centenar de casos cada año.
Frente a reclamaciones fundamentadas de los vecinos, los letrados también se encuentran con denuncias de mujeres que se tuercen un pie al caminar con tacón por la Plaza de la Independencia o el Paseo del Lagares y vehículos que colisionan y buscan responsabilizar al Concello aduciendo un vertido de gasoil o el mal estado de la calzada.
