Aunque los informes sobre el Plan Xeral de Vigo se encargaron a una consultoría externa, si de algo está convencido el bufete del Concello es que su aprobación les quitará mucho trabajo de encima. "Dará cobertura a edificios sobre los que pesan órdenes de derribo y solucionará problemas que ahora mismo están en los juzgados". Con esta perspectiva espera el jefe de la asesoría jurídica, José Abelardo, la puesta en marcha del PXOM, que no acabará, no obstante, con otros grandes problemas que han ocupado a su departamento durante los últimos años. La entidad Miraflores Vigo S.A. o Renfe son sólo dos de los pesos pesados con los que el Concello se mantiene en litigio.
La permuta de terrenos realizada con la primera de las firmas en A Bouza Sur en el año 1998 culminó hace meses su recorrido en primera instancia con una sentencia condenatoria que obliga al Concello a compensar económicamente los derechos de edificabilidad de la empresa. El fallo está recurrido y ahora el problema es determinar la cuantía de la indemnización, ya que el juez no fijó una cifra exacta. Miraflores reclama 24 millones de euros y los letrados municipales trabajan actualmente en una tasación propia que "podría rondar la cuarta parte", es decir, seis millones de euros que probablemente no satisfagan a los demandantes.
Este es sólo uno de los casos "históricos" del departamento, que obtuvo, por el contrario, una primera victoria por el derrumbe de un muro de contención de Vía Norte sobre varios trenes de Renfe en el año 2001.
La empresa denunció al Concello reclamando una indemnización de dos millones de euros, pero la querella ha sido desestimada en primera instancia por los juzgados de Vigo, aunque Abelardo da por seguro un recurso de Renfe al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a donde han llegado pleitos por la expropiación de terrenos para la circunvalación y en los próximos días lo hará una demanda contra la Xunta por el polémico multamóvil.
