Los servicios de Urbanismo dilucidarán en qué medida afectan al desarrollo del Plan Xeral los requisitos que ha fijado la Consellería de Medio Ambiente. El PP demandó ayer un informe técnico y jurídico de la concejalía para conocer el alcance de las condiciones al asegurar que sus repercusiones serán "tremendas". El alcalde aceptó, y sostuvo que establece "los controles ambientales lógicos". El BNG, por su parte, apoyó la postura de su socio de gobierno. "No es un informe intervencionista", manifestó María Méndez.
El viceportavoz popular, José Manuel Figueroa, mantiene que las obligaciones que fija el dictamen ambiental perjudican gravemente el crecimiento de Vigo. "A partir de ahora será [el conselleiro] Manuel Vázquez el que dirijirá el urbanismo de la ciudad desde Santiago", afirmó. A su juicio, el informe implanta "un intervencionismo sin precedentes", y supone que "si a la consellería no le gusta el volumen de un edificio habrá que empezar de cero". Los requisitos, según sus cálculos, ocasionarán un retraso de entre 15 y 20 meses en cada tramitación. "Es imprescindible hacer un estudio para explicarle a los vecinos si tienen que negociar con el señor Vázquez para construir en su parcela", agregó Figueroa.
Caballero redujo el alcance de la demora que supondrán los requisitos ambientales a entre un mes y mes y medio. "La tramitación ambiental puede correr paralela a la urbanística", explicó.
Luz verde
La opinión del alcalde sobre el dictamen ambiental es totalmente contraria a la de la oposición. "El informe da luz verde al Plan", recordó, para calificarlo de "escrupuloso, envidiable y blindado contra los recursos judiciales". Sobre este punto indicó que Izquierda Unida, que tiene representación en el Parlamento Europeo, ya anunció su intención de llevar a los tribunales el PXOM.
En todo caso, puntualizó que "la situación actual es heredada, porque el Partido Popular no hizo los deberes al no haber adaptado en su momento el Plan Xeral a los requisitos medioambientales". El trabajo del gobierno actual, añadió, "ahorró tres años de tramitación, ya que, si el informe fuese desfavorable, habría que retrotraer el PXOM".
