Los juzgados vigueses acumulan más de 1.300 sentencias firmes que todavía están pendientes de que se ejecuten y, por tanto, de su cumplimiento. Las tres salas de lo Penal que funcionan en la ciudad, y en menor medida la sección de la Audiencia Provincial especializada en esta materia, iniciaron 2008 con una carga de trabajo extra acumulada del año anterior pese a que durante 2007 lograron dar cumplimiento a más de 2.400 resoluciones judiciales que conllevaron tanto el ingreso en prisión de los condenados como otro tipo de castigos como la retirada del carné y multas. La previsión de cara a los próximos años no es halagüeña: el juez decano vigués ya ha solicitado la creación de una sala especializada en ejecutorias dada la "avalancha" de sentencias que se esperan debido a los nuevos delitos contra la seguridad del tráfico.
El crimen de Mari Luz disparó las alertas en toda España. Ninguna de las dos condenas firmes que Santiago del Valle tenía por abusos se habían ejecutado: debería estar en prisión, pero hasta su detención por la muerte de la pequeña de Huelva no la había llegado a pisar ni un solo día. Afortunadamente, casos tan graves y con una sucesión tan evidente de errores judiciales son una excepción, pero la realidad demuestra que la ejecución de sentencias no es una labor ni rápida ni fácil debido a la sobrecarga de trabajo de los juzgados y los numerosos trámites legales que conllevan.
Los juzgados de lo Penal de Vigo, en los que se ven delitos que van desde robos a abusos sexuales pasando por conducciones temerarias o malos tratos, adolecen de un problema que se extiende a prácticamente los que funcionan en todo el país: un gran volumen de trabajo.
Los datos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desvelan que empezaron este año con 1.234 sentencias sin ejecutar. ¿Significa esto que jueces y funcionarios desatienden su trabajo? Ni mucho menos. La misma estadística indica que durante 2007 se resolvieron 2.388 ejecutorias y que, a mayores, hubo que reabrir 984. Y no es lo único que hacen, porque estas salas también celebran juicios -unos 600 anuales- y tienen que dictar las respectivas sentencias.
"Aunque una ejecutoria esté pendiente, se está trabajando sobre ella, no se deja de lado", advierte una funcionaria rodeada de expedientes en su mesa. El decano Jaime Bardají, que es titular del Juzgado de lo Penal 3, advierte de que ejecutar una sentencia firme no es algo "automático". A la elevada carga de asuntos, se une la burocracia legal. "Tras una resolución firme que implique el ingreso en prisión el penado puede pedir la suspensión de la condena, su sustitución por una multa o trabajos en beneficio de la comunidad e incluso el indulto", afirma Bardají. "Y si le niego la suspensión de la pena, aún tiene la posibilidad de un recurso de reforma ante el juzgado y otro de apelación ante la Audiencia", prosigue. Todo un proceso legal que puede prolongarse "meses".
Muchos de los casos de Penal no implican necesariamente el ingreso en prisión. También hay que ejecutar multas o retiradas de carnés de conducir. Y con las primeras las ejecutorias pueden estar coleando mucho tiempo. Hay quien tras ser requerido abona la multa a tocateja, pero no es infrecuente que a un penado se le permita ir pagando cantidades de veinte y treinta euros al mes hasta liquidar la deuda si no tiene suficiente solvencia económica. "Y mientras, la ejecutoria está sin cerrar", afirman en los juzgados.
En la Audiencia, con casos más graves, en 2007 se resolvieron 70 y quedaron pendientes 139.
