Puede que tarde, pero al final tendrá que pagar la multa. Ayuntamientos como el de Vigo agotan todas las posibilidades administrativas y no cesan hasta recaudar la sanción. La última prueba de esa diligencia municipal es la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 735 expedientes sancionadores de tráfico. Si en los próximos quince días los conductores afectados no abonan el importe reclamado -de un máximo de 301 euros a 45 euros como mínimo-, el Concello se lo cobrará por la vía ejecutiva, es decir, lo restará directamente de su cuenta bancaria.

"Por no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido". Ésta es la razón por la que el Concello, basándose en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 divulga en el BOP los nombres, números del Documento Nacional de Identidad y la matrícula de los vehículos infractores. En concreto, 735 expedientes que suman un importe pendiente de cobro de 193.178 euros y que siempre que el Concello intentó notificarlos personalmente al afectado, nunca estaba en su teórico domicilio o en éste aseguraban que ya no vivía en él.

Exceso de velocidad, aparcamiento en doble fila o ausencia de casco fueron las principales infracciones cometidas por los sancionados. Curiosamente, sólo el 34% de las multas impagadas (269) pertenece a conductores de Vigo. Entre el resto de sanciones, figuran encabezando el ranking de deudores las interpuestas a vecinos de concellos limítrofes o del entorno, como Redondela (56), Nigrán, (49) Gondomar (20) y Mos (16); o Moaña (16), Cangas (18) y Tui (14).

La acumulación de tal cantidad de multas impagadas "no es habitual". Fuentes municipales aportan una de las razones que podrían explicar esa magnitud: "El cambio de gobierno". Aseguran que ante la proximidad de las elecciones, el partido que gobierna "siempre baja la presión en cuestiones impopulares como las multas". El análisis del listado aparecido en el boletín provincial confirma esa interpretación: los expedientes comenzaron a acumularse entre diciembre de 2006 y abril de este año, justo en el periodo preelectoral.

Los expedientados tienen todavía 15 días para saldar sus cuentas con el Concello. En total, hay 605 sanciones de 301 euros cada una (182.105 euros en total); 12 de 150 (1.800 euros) ; 5 de 120 (600); 78 de 91 (7.098 euros); y 35 de 45 (1.575 euros). En caso de no abonar voluntariamente esas cuantías, "se procederá a su cobro vía ejecutiva, incrementando la sanción con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley General Tributaria, y en su caso, con los correspondientes intereses de demora".

El boletín también indica que aunque agotada la vía administrativa, podrá interponerse "recurso potestativo de reposición" ante la Alcaldía en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el juzgado.