No suele ser frecuente que una persona deje una herencia cercana a los 400.000 euros y, por no ser reclamada por ninguna persona, pase a manos de la administración. En la última década, cuatro vecinos de la ciudad de Vigo murieron sin haber hecho testamento y sin que ningún pariente o familiar conocido reclamase sus bienes que, finalmente, revirtieron en beneficio de la Xunta, y de la ciudad.
Realmente son situaciones extraordinarias, pero lo son mucho más si la herencia es de 392.807,94 euros, ya que la mayor parte de este tipo de bienes no suelen ser tan cuantiosos.
Estos fueron los bienes y ahorros que acumulaba Juana Estefanía Castilla Rodríguez, vecina de Vigo, en el momento de su fallecimiento, el 14 de diciembre de 1997. Tenía en propiedad una vivienda de la céntrica calle Bolivia, próxima a la plaza Elíptica.
Además del piso que estaba a su nombre valorado en 234.500 euros, la mujer también era propietaria de dos nichos en el cementerio municipal de Pereiró cuyo precio ascendía a 3.300 euros. Asimismo, en dos cuentas corrientes de distintas entidades bancarias tenía una liquidez que superaba los 155.000 euros, según confirmaron desde la Secretaría Xeral de Patrimonio, dependiente de la Consellería de Economía e Facenda, encargada de la gestión de estos expedientes.
A raíz de su muerte y sin tener herederos conocidos, la administración inició en los juzgados de Vigo un procedimiento para reconocer a la Comunidad Autónoma heredera de sus bienes.
Investigación de bienes
Tras poner en marcha una investigación que determinase los posibles bienes que pudiera tener la fallecida, el procedimiento judicial culminó en mayo de 2003 cuando el juzgado consideró vacante esta herencia y declaró a la Comunidad Autónoma beneficiaria.
Luego se abrió un período de exposición pública con el objeto de mostrar el expediente y permitir a los posibles herederos que reclamasen la herencia (por supuesto, tendrían que justificar esta condición).
En mayo de 2005, casi ocho años después de la muerte de Juana Estefanía Castilla Rodríguez, el Diario Oficial de Galicia publicaba definitivamente el total de los bienes de esta vecina de Vigo. Ascendían a 392.807, 94 euros y la Xunta realizó el reparto oportuno en beneficio de la ciudad de Vigo.
Derecho Civil gallego
Siguiendo los mandatos del Derecho Civil de Galicia, los bienes de estas herencias tendrán que revertir en establecimientos de asistencia social o en instituciones de cultura, preferentemente radicados en la ciudad en la que residía la fallecida, en este caso, Vigo.
Es por este motivo que la Xunta de Galicia decidió otorgar el piso de la calle Bolivia a la Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado (en la actualidad la Vicepresidencia de la Xunta) para dedicarlo a lugar de acogida de mujeres víctimas de violencia de género y a uso de menores, ajustándose de este modo al fin social que exige la ley. Fue la misma consellería la que reclamó la propiedad de este inmueble.
La Xunta también se quedó en propiedad los dos nichos del cementerio de Pereiró. Aunque en un primer momento barajó su venta, finalmente no se realizó dado que la fallecida y otros parientes los estaban ocupando y porque nadie reclamó su uso.
Con respecto a los 155.000 euros en efectivo que Juana Estefanía Castilla Rodríguez dejó en sus cuentas corrientes, debieron tener como destino diversos asuntos de asistencia social en el municipio de Vigo.
Así consta en la orden de la Consellería de Economía, pero desde el Concello no se pudo llegar a determinar si el dinero fue recibido por la administración local o bien fue gestionado por la Xunta en esta ciudad.
Gastos de gestión
Lo que sí es cierto es que de los 392.807,94 euros que constituía el patrimonio de Juana Estefanía Castilla, la administración tuvo que deducir los gastos de gestión de esta herencia. Es decir, el pago al registro de la propiedad, las tasas municipales del cementerio de Pereiró e incluso el gasto de cambio de cerraduras. Los costes ascendieron a 431,24 euros, por lo que el montante total de la herencia se fijó en 392.376,70 euros y fue esta la que pasó a manos de la administración.
Desde la misma Secretaría Xeral de Patrimonio se confirma que casos como los de Juana Estefanía Castilla o Bienvenida Méndez Pereira, cuyo expediente todavía está por concluir, no son muy frecuentes, aunque siempre repercuten en beneficio de la comunidad en la que vivieron.
