Los vigilantes de seguridad privados casi igualan en número a los policías

Diez empresas de seguridad privada operan en Vigo y su área de influencia ofreciendo los servicios de 800 vigilantes, tantos como los policías nacionales y locales juntos. La percepción social de inseguridad, pese a que el número de delitos y su resolución está por debajo de la media nacional, y la pérdida de recursos humanos en las fuerzas de seguridad, como refleja el hecho de que las administraciones sean uno de los principales clientes de la seguridad privada, han hecho que en los últimos años se multiplique el número de vigilantes jurados que ya superan a los efectivos policiales, que ronda los 880.

El catálogo oficial de puestos de trabajo en la plantilla de la comisaría de Vigo es de 610 personas, aunque sólo están cubiertas 500 plazas. Mientras, en la Policía Local trabajan 380 agentes (hay convocadas 26 plazas más). Frente a estos datos, en las empresas privadas del área de influencia de Vigo trabajan 802 personas, según datos del Sindicato Unificado de Policía.

Además de las tareas de vigilancia y protección, la seguridad privada amplía sus servicios tradicionales y afrontan algunas especialidades que hasta la fecha eran exclusivas de las fuerzas de seguridad del Estado. Así, se registran 637 vigilantes jurados, 91 escoltas, 37 especialistas en explosivos, 12 jefes de áreas, 18 directivos y 7 detectives. Estos últimos con especial incidencia en el campo del espionaje industrial.

A este colectivo se suma el de los controladores, formado por unas 2.000 personas que van uniformadas pero no pueden intervenir en delitos, portar armas o siquiera realizar labores de identificación. Su actuación, teóricamente, sería meramente disuasoria, aunque fuentes sindicales apuntan que se trata de una "argucia legal" de las empresas para contratar personal "más barato" que los vigilantes jurados.

Porteros de discotecas

El "ejército" de seguridad privada incluye algunos emigrantes y porteros o vigilantes de discotecas que carecen hasta de contrato de hostelería y son contratados en ocasiones para labores de seguridad en otros ámbitos, a tenor de los numerosos expedientes incoados, explica Pablo Abalde, delgado del SUP vigués.

El Estado y las distintas administraciones son los principales consumidores de seguridad privada. Los edificios judiciales de Vigo son los únicos cuya custodia todavía recae en las fuerzas de seguridad.

La protección de las sedes de la Xunta de Galicia y otras instituciones (incluidas algunas militares) recae directamente en compañías privadas que, curiosamente, utilizan a los cuerpos de seguridad estatales en numerosas ocasiones. Es el caso de las alarmas ubicadas en establecimientos públicos y privados, e incluso en residencias y viviendas particulares. En caso de alerta son las fuerzas de seguridad quienes acuden y, a lo largo del año, se producen miles de actuaciones que en la mayoría de los casos suelen resultar falsas alarmas.

El SUP no está en contra de la seguridad privada, pero teme que su auge vaya en detrimento de la pública.