La plantilla exige que se mantenga el servicio y el número de plazas
Redacción / VIGO
Los trabajadores de la empresa que gestiona la ORA exigieron ayer la convocatoria del nuevo concurso y reclamaron al concejal de Tráfico una reunión "urgente" para tratar sobre el futuro del servicio ante la situación de "incertidumbre" que sufren. La plantilla ya envió un escrito hace diez días al edil expresando su "inquietud" por el retraso en la convocatoria y el elevado número de plazas suprimidas en el último año, que, según afirman, podría poner en peligro ocho de los 44 puestos de trabajo. Ayer no habían recibido respuesta al escrito.
Los delegados sindicales afirman que el pleno de septiembre de 2004, en la votación sobre la moción del BNG que pedía la supresión de la ORA, "avaló la continuidad del servicio", y señalan que, en sus contactos con los diferentes grupos políticos, "todos sus representantes, además del propio concejal de Tráfico, se comprometieron a mantener los puestos de trabajo y también las plazas". También se preguntan por qué el Concello estudia ahora prescindir de la concesión "cuando hace unos meses elaboró un pliego de condiciones en el que no sólo se mantenían las plazas, sino que se aumentaban hasta las 5.737 y se ampliaba tanto la jornada de servicio como el número de controladores a 47".
"Dejadez"
Los empleados de la concesionaria apuntan, asimismo, que el Concello es "corresponsable" de las deficiencias de funcionamiento a las que alude. "Hay plazas que están mal pintadas y deficientemente señalizadas, y así se lo hemos puesto de manifiesto desde hace tiempo al Concello en un informe", exponen, y afirman que "les corresponde a ellos supervisar que el servicio funciona correctamente". Por otra parte, reclaman que se restablezcan las 1.100 plazas suprimidas en otras zonas de la ciudad y advierten de que, en caso de no hacerlo, la empresa reclamará el dinero que deja de percibir. Al respecto recuerdan que la concesionaria ya emprendió en la anterior legislatura acciones legales contra el Concello por deudas contraídas. Entonces, decidió renunciar a continuar el contencioso tras alcanzar un acuerdo por el que se prorrogó el servicio cuatro años.
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