Sanidad
La Valedora admite una queja por el cobro del servicio de TV en los hospitales públicos
La federación de asociaciones que presentó la queja defiende que «supone un paso decisivo para garantizar los derechos de los pacientes» y reclama la gratuidad del servicio

Imagen de archivo del televisor de un hospital. / Europa Press
La Federación de Asociaciones Vecinales de Lugo Lucus Augusti ha informado de que la Valedora do Pobo le ha comunicado que ha sido admitida a trámite la queja que presentó, junto con Galicia Baleira, para reclamar que implantación inmediata de televisión gratuita en los hospitales públicos gallegos y la revisión del actual sistema de cobro, «claramente injusto para los pacientes».
Mediante un comunicado, el colectivo vecinal expresó públicamente su agradecimiento a la Valedora do Pobo por la «rápida y rigurosa» respuesta ofrecida tras la queja presentada el pasado 19 de agosto. «La Valedora do Pobo nos ha comunicado oficialmente que la queja ha sido admitida a trámite, al entender que cumple los requisitos formales establecidos», así como que «la cuestión planteada encuentra cobertura constitucional, de acuerdo con el artículo 103.1 de la Constitución, que garantiza el funcionamiento eficaz y el servicio al interés general por parte de las administraciones públicas», explica la federación.
Asimismo, informa de que se han iniciado «las actuaciones oportunas ante la Consellería de Sanidade, requiriendo a dicha administración que, en un plazo máximo de 15 días, aporte información detallada sobre los problemas que motivan nuestra reclamación». «Una vez recibido el informe preceptivo, la Valedora volverá a ponerse en contacto con la Federación para trasladarnos las actuaciones realizadas y los avances del expediente», aclara.
Los promotores de la iniciativa defienden que «supone un paso decisivo para garantizar los derechos de los pacientes y avanzar hacia una atención sanitaria más humana, equitativa y digna en Galicia», y reiteran que «la televisión hospitalaria debe ser gratuita, como ya ocurre en numerosas comunidades autónomas».
«Mientras no se implante la gratuidad, el sistema de cobro debe ser justo y proporcional al tiempo real de uso, evitando perjuicios económicos a personas vulnerables», concluye.
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