Galicia adjudica por 5 millones la plataforma para poner en marcha su mercado voluntario de carbono

La Xunta da un nuevo paso para que Galicia cuente antes de que termine el año con su propio sistema voluntario de créditos de carbono, una herramienta con la que empresas, organizaciones y particulares podrán compensar parte de sus emisiones financiando proyectos capaces de capturar CO2 o evitar su liberación a la atmósfera.

El avance llega con la adjudicación de la plataforma tecnológica que deberá sostener las operaciones del futuro mercado.

El contrato para desarrollar esta infraestructura fue adjudicado el pasado 10 de junio a la UTE formada por NTT DATA Spain y Seresco por 5,019 millones de euros sin IVA, frente a un valor estimado inicial de 6,023 millones.

La licitación recibió cinco ofertas. Se trata de la pieza central del proyecto SICLE CO2, dotado globalmente con 6,8 millones y cofinanciado en un 60% con fondos europeos FEDER y en un 40% por la Xunta.

La directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, explicó este martes en el Parlamento gallego que la adjudicación permite pasar de la fase normativa al despliegue tecnológico. La plataforma combinará inteligencia artificial, información procedente de sensores e imágenes de satélite, sistemas de información geográfica y blockchain para controlar la generación y transmisión de los créditos.

El mecanismo funcionará como un mercado virtual de carácter voluntario. Quien desarrolle una actuación que consiga una reducción o absorción adicional de gases de efecto invernadero podrá, siempre que cumpla una metodología previamente aprobada y sea verificada, generar créditos para su adquisición por terceros.

Como referencia, una tonelada de CO2 absorbida equivaldrá a un crédito de carbono. No debe confundirse, por tanto, con el mercado europeo obligatorio de derechos de emisión que afecta a determinados sectores industriales.

El proyecto lleva varios años gestándose. La legislación forestal gallega incorporó ya en 2022 la posibilidad de crear un sistema voluntario; la Ley 2/2024 terminó de darle cobertura y el Decreto 95/2025 reguló su funcionamiento.

En febrero de este año se constituyó además un comité técnico tras una consulta al sector que había recibido 37 aportaciones, diez relacionadas con metodologías y 25 con proyectos concretos o iniciativas interesadas en participar.

Alargamiento de los turnos de corta

Precisamente las metodologías serán uno de los aspectos decisivos para determinar la credibilidad del mercado. Las dos primeras en preparación se centran en el almacenamiento de carbono en productos de madera empleados en construcción y en la mejora de la gestión forestal mediante el alargamiento de los turnos de corta. Ya en mayo la previsión oficial era que ambas pudieran estar aprobadas a finales de 2026.

El decreto abre la puerta posteriormente a ámbitos mucho más amplios: agricultura regenerativa, restauración de turberas, prevención de incendios, energías renovables, biocarbón, gestión de residuos o captura de carbono en ecosistemas marinos, entre otros.

La fecha supone, en cualquier caso, una revisión del calendario inicial. En noviembre de 2025 la Xunta situaba la entrada en funcionamiento de la plataforma «a comienzos de 2026»; en marzo de este año todavía estaba pendiente de adjudicación y ahora el objetivo se fija antes de que acabe 2026.

El Gobierno gallego presenta el sistema como el primero en España «de estas características». La singularidad está sobre todo en disponer de una plataforma autonómica integral para registrar, verificar y comercializar créditos, ya que existen experiencias previas en otras comunidades.

Andalucía, por ejemplo, cuenta con un Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones y desde 2021 con un estándar específico para certificar créditos de carbono azul.

El reto será garantizar que las reducciones sean reales, adicionales, duraderas y que no exista doble contabilidad, una cuestión especialmente sensible en los mercados voluntarios. El propio decreto gallego incorpora estos principios y los conecta con el nuevo marco europeo de certificación de absorciones de carbono, aprobado precisamente para reforzar la calidad de los créditos y reducir el riesgo de greenwashing.

Suscríbete para seguir leyendo