La Fiscalía Superior de Galicia anuncia un «refuerzo» del «control y seguimiento» de los menores extranjeros no acompañados reubicados en la comunidad

La Fiscalía Superior de Galicia quiere garantizar que los menores extranjeros no acompañados reubicados en la comunidad gallega en el marco de la situación de contingencia migratoria extraordinaria tengan una acogida «adecuada» y para ello anuncia un «refuerzo» del «control y seguimiento» de los niños y adolescentes trasladados y asegura que «vigilará» a las entidades públicas responsables de su protección.

En la actualidad, según las cifras aportadas por la Fiscalía Superior de Galicia en un comunicado enviado este miércoles, son 90 menores —89 de Canarias y uno de Ceuta— los que acoge Galicia tras los procesos de reubicación, una situación, señala, que «está exigiendo una respuesta coordinada por parte de las distintas administraciones y del Ministerio Fiscal», con un objetivo «prioritario»: «garantizar la protección efectiva de cada niño, niña y adolescente».

La Fiscalía Superior de Galicia, dirigida por Carmen Eiró, proclama que sus actuaciones pretenden asegurarse de que «todos los menores reciban una adecuada acogida y protección» —también en lo referente a todo la documentación relacionada con sus casos—, que sus derechos sean plenamente respetados y que exista un seguimiento efectivo de su situación durante todo el proceso»—.

Al respecto, aboga por una respuesta institucional «coordinada, ágil y rigurosa», situando «siempre en el centro de la actuación pública el interés de cada menor» en lo que atañe a la contingencia migratoria extraordinaria.

¿Cómo proteger a los menores?

La Fiscalía Superior considera preciso establecer supervisiones periódicas de los menores para conocer cómo evolucionan los expedientes y poder detectar de forma temprana «cualquier situación de riesgo». Para facilitar el seguimiento de los casos, la institución contempla un sistema de alertas informático.

Para la Fiscalía Superior gallega, que actúa coordinada con las secciones de Menores de las Fiscalías de las autonomías de procedencia de los niños y adolescentes reubicados en Galicia, resulta «esencial» que la situación «extraordinaria» se aborde desde una perspectiva de protección «integral» del menor, lo que supone garantizar en todo momento su interés superior y «el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las administraciones responsables de su protección».

No es la primera vez que la Fiscalía Superior gallega advierte que está pendiente del destino de los menores. Ya en un decreto dictado el pasado 6 de julio reflejaba la llegada de 71 menores procedentes de otras autonomías en situación de contingencia migratoria, lo que indica que las reubicaciones han ido en aumento. En ese documento ya recordaba su función de «vigilancia y control» de las entidades públicas responsables de los menores, destacando la necesidad de «garantizar la coordinación» de las instituciones encargadas de su tutela con el Ministerio Fiscal.

Galicia y la crisis migratoria

Hace unos días se celebró la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se acordó destinar 25 millones de euros a atender la emergencia de menores migrantes en Ceuta y Galicia apoyó la ayuda, pero reclamó más recursos y coordinación con las comunidades. Así lo defendió la conselleira de Política Social, Fabiola García.

Ante la posibilidad de un eventual reparto de los menores de la crisis de Ceuta por las comunidades, la Xunta, que desde el principio advirtió que su red de acogida estaba tensionada, demandó consenso con los gobiernos autonómicos y financiación para asumirlo.

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