El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad en la Administración

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fijado un nuevo criterio para indemnizar el abuso de temporalidad en las administraciones públicas: hasta 10.000 euros por cada periodo completo de tres años durante el que se haya prolongado esa situación. Una fórmula que, si se consolida, puede tener consecuencias para miles de empleados públicos gallegos.

La Sala de lo Social aplicó este criterio en dos sentencias dictadas el mismo día, el 15 de julio de 2026. Una afecta a un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que acumuló 22 años de temporalidad. La otra corresponde a una trabajadora de la Consellería de Política Social de la Xunta, con 15 años en esta situación, cuyo caso llevó la abogada de la CNT Nerea Grandío.

La coincidencia de ambos pronunciamientos resulta especialmente relevante porque siguen prácticamente la misma argumentación y aplican idéntico criterio indemnizatorio. Aunque todavía es pronto para hablar de una doctrina jurisprudencial consolidada, Grandío considera que los fallos sí marcan un cambio respecto a resoluciones anteriores.

«Por lo menos inicia un cambio de criterio respecto a sentencias previas sobre los mismos casos del TSXG», explica la letrada.

Que existan dos resoluciones en la misma fecha y con una redacción muy similar permite pensar, a su juicio, que esta interpretación puede repetirse en futuras reclamaciones, aunque habrá que comprobar si termina extendiéndose al conjunto de la jurisdicción social del TSXG.

Hasta ahora, una de las principales dificultades era determinar qué indemnización podía corresponder a los trabajadores afectados. No existe una norma que establezca expresamente una cantidad para reparar el abuso de temporalidad y, según Grandío, numerosos juzgados habían rechazado estas reclamaciones precisamente por la ausencia de una regulación concreta.

La novedad es que el TSXG ofrece ahora un parámetro para calcular esa compensación. La Sala toma como referencia la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos) y establece que cada periodo completo de tres años de abuso puede generar una indemnización de hasta 10.000 euros.

Para fijar ese plazo, el tribunal se apoya en el Estatuto Básico del Empleado Público, que establece un máximo de tres años para la ejecución de las ofertas de empleo público.

La cantidad, en todo caso, no se aplica de manera automática. Debe graduarse según las circunstancias de cada trabajador y puede incrementarse si se acreditan otros daños. Además, si el empleado ha superado un proceso de estabilización, la indemnización puede reducirse.

Reducción por haber estabilizado su plaza

En el caso defendido por Grandío, la trabajadora había estabilizado su plaza, por lo que el TSXG aplicó una reducción del 20%, dejando la referencia en 8.000 euros por cada tres años completos de abuso.

El posible alcance del nuevo criterio es considerable. Grandío evita ofrecer una cifra cerrada de trabajadores que podrían reclamar, ya que dependerá de la situación particular de cada empleado, pero considera que el volumen potencial puede contarse por miles de personas.

Como referencia, recuerda que solo en la Xunta y sus entes instrumentales se incluyeron en la oferta de empleo público de 2022, vinculada a los procesos extraordinarios de estabilización derivados de la Ley 20/2021, hasta 5.816 plazas que llevaban ocupadas temporalmente al menos tres años a 31 de diciembre de 2021.

Esa cifra no equivale directamente al número de empleados que podrían tener derecho a una indemnización, pero sí refleja la dimensión que alcanzó la temporalidad prolongada en la Administración autonómica. A ese volumen habría que añadir además las plazas correspondientes a otras administraciones gallegas, como diputaciones provinciales y ayuntamientos.

«Sería un gran volumen porque precisamente en la Xunta existe un amplio porcentaje de abuso de temporalidad», señala Grandío.

El TSXG fundamenta su interpretación en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, que exige una respuesta efectiva y suficientemente disuasoria frente al abuso de la contratación temporal.

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