El BNG exige a la Xunta hacer públicos los datos de zonas residenciales tensionadas ante la «ocultación deliberada de datos»

El BNG exige a la Xunta la publicación «inmediata» de los datos de zonas residenciales tensionadas, municipio a municipio, ante la «ocultación deliberada de datos». La portavoz de Vivenda del Bloque en el Parlamento, Alexandra Fernández, anunció que presentarán un proposición no de ley en el Parlamento para obligar a la Xunta a publicar el Mapa de Tensión Residencial en Galicia, asumir sus competencias y declarar de oficio las zonas que cumplen los criterios para ser zona tensionada.

En este contexto, Fernández denunció la «ocultación deliberada» de los datos por parte de la Xunta, que, según dijo, se niega a facilitar los precios de la vivienda desglosados por municipios. «La Xunta no es que no tenga los datos: es que los oculta deliberadamente para no cumplir la ley», afirmó.

Para la parlamentaria nacionalista, la evolución de los precios permite comprobar la magnitud del problema en aquellos lugares donde existen datos públicos. El BNG expone que en los últimos cinco años, el alquiler ha subido un 57% en Ferrol, un 39% en Vigo y un 37% en A Coruña, al tiempo que se han registrado «fuertes incrementos» en Santiago, Pontevedra, Lugo y Ourense.

«Esto no es un problema técnico. El Partido Popular no es que no sepa cómo actuar, es que son objetores de las políticas públicas de vivienda por pura ideología. Están del lado de la especulación y no del lado de la gente», ha enfatizado.

Consecuencias

En este sentido, la portavoz de Vivenda del BNG ha advertido de que la decisión de no declarar zonas tensionadas tiene consecuencias económicas directas para Galicia, al impedir el acceso a la financiación y a los incentivos previstos en el Plan Estatal de Vivienda.

De hecho, detalló que por cada diez viviendas que un municipio o la propia Xunta quiera adquirir para convertirlas en parque público, se deja de ingresar del Plan Estatal el 15% de su valor y 120.000 euros en ayudas para pequeñas obras de adecuación. Además, aseguró que en una sola promoción de 50 viviendas públicas, el Ejecutivo autonómico pierde automáticamente 800.000 euros en subvenciones directas solo por negarse a firmar la declaración.

Un efecto que, indicó el BNG, se extiende a la promoción privada al desincentivar a los promotores, a los que se priva de más de 100.000 euros de ayuda por vivienda industrializada, lo que acaba «encareciendo el acceso a la vivienda para las familias».

Ante este escenario, la proposición no de ley del BNG reclama al Ejecutivo autonómico publicar de forma inmediata el Mapa de Tensión Residencial de Galiza, cruzando municipio a municipio los datos de los precios del alquiler con los indicadores legales establecidos en la Ley 12/2023.

También, exige que se desarrolle el marco sancionador y los protocolos de inspección necesarios para garantizar la efectividad de las declaraciones ya aprobadas, como las de A Coruña y Santiago de Compostela, así como eliminar los obstáculos burocráticos a los municipios que estén implementando planes de medidas correctoras.

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