La Xunta moviliza 30 millones para contratar 144 plazas y avanzar en el fin de los «macrocentros» para menores

La Xunta quiere que los centros que acogen a menores protegidos se parezcan cada vez menos a una institución y más a una casa. La Consellería de Política Social movilizará 30,1 millones de euros hasta abril de 2030 para concertar 144 plazas de acogimiento residencial y atención de día en Oleiros, Redondela, Vigo y Miño, dentro de un nuevo modelo que apuesta por organizar la atención en pequeñas unidades de convivencia de un máximo de diez niños y adolescentes.

El objetivo declarado es avanzar hacia la desinstitucionalización y transformar los centros con un elevado número de usuarios. La propia resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia lo expica así: el resto es evitar los «macrocentros» y sustituirlos por soluciones con una «base familiar».

La convocatoria revela al mismo tiempo las dimensiones del sistema que hay detrás. Galicia mantiene cerca de un millar de niños y adolescentes en acogimiento residencial, pero la Xunta solamente dispone de cuatro centros de titularidad propia y gestión directa, que reúnen 167 plazas. Política Social reconoce expresamente que esa capacidad resulta «claramente insuficiente» y que necesita recurrir a recursos de otras entidades públicas y privadas para atender a los menores sobre los que ejerce la guarda o tutela.

Las 144 plazas que salen ahora a concierto no son 144 plazas nuevas. El departamento que dirige Fabiola García explica que durante los últimos años estos programas se venían prestando mediante contratos de servicios y que a partir de ahora se utilizará la fórmula del concierto social.

107 plazas residenciales y 37 de atención de día

Las 144 plazas se distribuyen entre 107 residenciales y 37 de atención de día. El mayor lote corresponde a Redondela, con 32 plazas residenciales y 15 de día, 47 en total. Le sigue Miño, con 35 residenciales y dos de día. En Vigo se conciertan 20 residenciales y diez de día, la misma distribución que en Oleiros. Vigo y Redondela concentran así conjuntamente 77 de las 144 plazas, más de la mitad de toda la convocatoria.

El concierto está previsto desde el próximo 1 de noviembre hasta el 30 de abril de 2030, aunque podrá prorrogarse cuatro años, hasta abril de 2034. Para el período inicial la Consellería reserva un máximo de 30.087.934 euros, IVA incluido, de los cuales 2,4 millones proceden directamente del Fondo Social Europeo Plus. Si se incluyen las eventuales prórrogas y las modificaciones máximas previstas, el valor estimado del procedimiento alcanza los 89,5 millones.

Unos 54.000 euros al año por cada plaza residencial

La resolución permite saber además cuánto cuesta sostener una de estas plazas.

En 2026 Política Social abonará por una plaza residencial ocupada 147,94 euros al día en Oleiros y Vigo y 149,44 euros en Redondela y Miño. La diferencia responde a que la Xunta aplica una tarifa de centro urbano a los dos primeros y otra de centro no urbano a los segundos.

Trasladada a un año completo, la tarifa inicial equivale a aproximadamente 53.998 euros por menor y año en Vigo u Oleiros y 54.546 euros en Redondela o Miño, siempre que la plaza permanezca ocupada los 365 días.

Y el importe crecerá durante la vigencia del concierto. En 2029 y 2030 llegará a 168,86 euros diarios en Vigo y Oleiros y 170,36 en Redondela y Miño, equivalentes a unos 61.634 y 62.181 euros anuales, respectivamente.

Las plazas de atención de día son más baratas: parten de 94,69 euros diarios en Vigo y Oleiros y 96,19 en Redondela y Miño. Además, si una plaza permanece vacía pero reservada para el sistema de protección, la Xunta no deja de pagarla: abonará el 70% de la tarifa ordinaria.

El dinero no cubre únicamente alojamiento. El acogimiento residencial supone que la entidad se haga cargo de las necesidades físicas, educativas, emocionales y sociales del menor, además de desarrollar un plan individualizado dirigido, siempre que resulte posible, a su regreso con la familia, a una alternativa familiar o a prepararlo para una vida independiente.

Hogares de diez niños como máximo

El cambio que la Xunta quiere introducir está sobre todo en el tamaño de los grupos de convivencia. Cada unidad tendrá un máximo obligatorio de diez plazas, aunque la propia resolución señala que lo «recomendable» son ocho. Deben contar con espacios y ritmos de funcionamiento autónomos y reproducir «lo máximo posible» un ambiente familiar, con una atención más personalizada.

También se refuerza el personal. La programación de horas de educadores está calculada para garantizar, durante el tiempo en que los menores permanecen en el centro, un profesional por cada seis usuarios en las unidades residenciales, además de la cobertura nocturna y las sustituciones por vacaciones o bajas.

La filosofía enlaza con la estrategia estatal y europea de desinstitucionalización. La Xunta reconoce que los centros de gran capacidad pueden perjudicar el trato individualizado y plantea «transformar» esos recursos para evitar los «macrocentros».

Pero la letra pequeña introduce un matiz importante. La convocatoria limita a diez el número de menores de cada unidad de convivencia, pero no fija un máximo de plazas para el conjunto de un centro.

Un mismo recurso puede, por tanto, albergar varias unidades diferenciadas. Un centro con 30 plazas podría cumplir formalmente el nuevo modelo si esas plazas están organizadas, por ejemplo, en tres unidades autónomas de diez.

Además, cada uno de los cuatro lotes se adjudicará a una única entidad, que debe optar a todas las plazas incluidas en él. En el caso de Redondela son 47 plazas entre residenciales y de día y en Miño, 37. Eso no obliga a que todas estén en un mismo edificio, pero la convocatoria tampoco exige que se distribuyan entre pequeñas viviendas independientes.

El proyecto educativo, lo más importante

Política Social concede hasta 40 puntos por la calidad del proyecto educativo y otros 20 por las instalaciones. En este último apartado se valoran la proximidad a colegios, centros sanitarios, instalaciones deportivas o transporte público; el estado, confort y accesibilidad del inmueble, y la distribución y adecuación de los espacios. Incluso se tiene en cuenta que puedan adaptarse para soportar una mayor ocupación en caso de ingresos urgentes.

No existe, sin embargo, una puntuación adicional por presentar un centro de ocho plazas frente a otro de 20, 30 o más, siempre que cada uno de sus hogares internos respete el límite de diez.

Y otro criterio puede favorecer precisamente la continuidad de la red existente: se otorgan hasta 15 puntos a las entidades que ya prestan este tipo de atención en la localidad, a razón de un punto por cada año de implantación, además de otros 15 por experiencia general en protección de menores.

El resultado es un modelo de transición. La Xunta apuesta por reducir el tamaño de los grupos en los que hacen vida cotidiana los menores y aumenta la atención individualizada, pero deja abierta la posibilidad de que varias de esas pequeñas unidades continúen formando parte de un mismo centro de mayores dimensiones.

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