Financiación pública
La Xunta destina casi 14 millones de euros al año a bonificaciones y peajes en la sombra
Se destinan a rebajas en la Autopista del Val Miñor y en la de A Coruña-Carballo, así como a mantener la gratuidad entre Dozón y Ourense
Peajes de las autopistas AP-9 y AG-57, en el polígono industrial de A Pasaxe, en Gondomar. / Marta G. Brea
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Circular por la AG-53 entre Dozón y Ourense sale gratis a los usuarios y moverse entre la autopista A Coruña-Carballo (AG-55) o la del Val Miñor (AG-57) está bonificado, pero estas ventajas para los conductores tienen un coste para las arcas públicas de la Xunta. En 2025 la Axencia de Infraestruturas (AXI) destinó 13,7 millones de euros a rebajas y peajes en la sombra, un 6,7 por ciento más que el año anterior.
Mientras se dan pasos en el traspaso de la AP-9 para que la Xunta asuma su titularidad, el Gobierno gallego gestiona ya dos autopistas autonómicas, sobre las que lleva años aplicando rebajas en los peajes. Según las cuentas anuales de la AXI, el pasado año se destinaron 4,9 millones a estas bonificaciones que permiten a los usuarios viajar de forma más económica por la AG-55 y la AG-57.
Gratuidad AG-53
Pero además la Xunta destinó 8,7 millones de euros a la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) para mantener la gratuidad de la AG-53 en su tramo entre el Alto de Santo Domingo, en Dozón, y la conexión con la A-52 en Ourense.
Esta autopista fue construida por una sociedad pública creada expresamente para acometer la obra: Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A (ACEOUSA), que aportó las inversiones necesarias para el proyecto a cambio de que la Xunta le transfiriera anualmente un canon, una especie de peajes en la sombra, para garantizar su gratuidad.
En 2011 esta sociedad fue absorbida por la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia (SPI), que heredó sus obligaciones. Cada año la Axencia de Infraestruturas debe abonarle el canon correspondiente para mantener la gratuidad. El pasado año la factura fue de 8,7 millones, si bien al cierre de 2025 solo se habían pagado 2,4 millones y el resto, unos 6,3 millones de euros, aún estaban pendientes, según consta en las cuentas anuales de la Axencia de Infraestruturas.
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