El 40% de las comunidades de vecinos gallegas registró solicitudes para prohibir los pisos turísticos

La proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT) registrada durante los últimos años ha llevado al legislador a reforzar el papel de las comunidades de propietarios en la implantación de estos establecimientos en sus edificios. En Galicia, más de 20.000 inmuebles se han incorporado al uso turístico entre 2017 y 2026, en un proceso de expansión a nivel estatal que situó esta actividad en el centro del debate sobre el uso residencial de los edificios.

Las comunidades de propietarios pueden limitar o condicionar el uso turístico de las viviendas desde 2019, cuando una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal fijó en tres quintos la mayoría necesaria para adoptar este tipo de acuerdos. El Tribunal Supremo confirmó en 2024 que esa mayoría también permite prohibir directamente el establecimiento de nuevos pisos turísticos en el edificio. Desde abril de 2025, además, las nuevas VUT necesitan la aprobación expresa de la comunidad de propietarios.

Este nuevo escenario ya se hace notar en Galicia, donde alrededor del 40% de las comunidades de propietarios gallegas han registrado ya solicitudes para prohibir la implantación de pisos turísticos, según las estimaciones que maneja el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga).

Esto no supone que en cuatro de cada diez comunidades gallegas esté vetado ya el establecimiento de viviendas turísticas, sino que esta posibilidad se ha planteado formalmente. La presidenta de Coafga, Teresa Suárez, explica que en algunos casos ya se ha votado la prohibición, mientras que en otros edificios el acuerdo aún está por producirse. «En la gran mayoría de juntas a las que llega este tema se aprueba el veto», explica Suárez.

El movimiento tiene, fundamentalmente, un carácter preventivo. En la mayoría de estas comunidades, según explica la presidenta de Coafga, no están reaccionando ante el conflicto provocado por una vivienda turística ya instalada, sino que «sencillamente buscan impedir que se puedan establecer en el futuro».

¿Cómo se da el proceso?

Esta decisión se toma en el seno de la junta de propietarios. Puede ser planteada por el presidente de la comunidad, que puede incluirla en el orden del día, ya sea motu proprio o a raíz de la solicitud de cualquier propietario. En caso de que el presidente no dé este paso, la ley permite que una cuarta parte de los propietarios, o propietarios que representen al menos el 25% de las cuotas de participación, promuevan la convocatoria de una junta para abordar la cuestión.

Del mismo modo, en aquellas comunidades en las que no se ha producido la votación, si un propietario pretende poner en marcha una nueva VUT debe obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad.

Para que el acuerdo salga adelante se necesita una doble mayoría de tres quintos: el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios y, simultáneamente, que estos representen tres quintas partes de las cuotas de participación.

La mayoría, por tanto, no se calcula únicamente entre quienes acuden a la junta. Los propietarios ausentes que hayan sido correctamente convocados reciben la comunicación del acuerdo y disponen de 30 días naturales para manifestar su discrepancia. Si no lo hacen dentro de ese plazo, sus votos pueden computarse como favorables en los términos previstos por la ley. El resultado puede ser una prohibición expresa de las VUT en el edificio, pero también establecer determinadas condiciones o limitaciones.

Subida de cuotas

Entre las medidas que pueden adoptar las comunidades figura el incremento de hasta un 20% de la participación en los gastos comunes de las viviendas que desarrollen esta actividad, una posibilidad que la ley contempla desde 2019. La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia calcula que aproximadamente tres de cada diez comunidades gallegas acordaron aplicar este incremento del 20% a las VUT que ya estaban funcionando.

Fuente: El Correo Gallego