Cada año 200 profesores piden compaginar la docencia con otro puesto de trabajo

Un empleado público no puede, por regla general, desempeñar un segundo puesto en el sector público ni cobrar dos remuneraciones públicas. Es el principio que marca la Ley de Incompatibilidades, pensado para evitar el pluriempleo en la Administración y preservar la imparcialidad de los trabajadores. La norma, sin embargo, contempla excepciones: bajo ciertas condiciones, un funcionario puede pedir autorización para compatibilizar su puesto con otro empleo, público o privado. Uno de los colectivos que más presencia tiene en estas autorizaciones es el docente. Solo en 2025, la Xunta autorizó 210 compatibilidades a personal docente de enseñanzas no universitarias—primaria, secundaria, formación Profesional, artes o escuelas de idiomas— frente a las 181 de 2024. Hasta el 31 de julio de este año la cifra ya suma 127, lo que apunta a un nuevo repunte si se mantiene el ritmo. De media, se autorizan unas 200 al año.

La cifra, según explica la Secretaria Nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, no solo es «lógica», sino bastante reducida, teniendo en cuenta que este cuerpo docente cuenta con unos 31.000 profesionales en Galicia. Aunque no todos optan por la misma vía.

Hay tres grandes escenarios. Uno de los más frecuentes es ejercer como profesor asociado a tiempo parcial en una universidad pública, una posibilidad expresamente prevista en la legislación. Otro es ocupar un segundo puesto público, algo que solo se admite en determinados casos, como las enseñanzas musicales y artísticas que Galicia ha declarado de interés público. Y el tercero —y mayoritario en conjunto— es desarrollar una actividad privada, desde una academia hasta trabajos en la música, la hostelería o el comercio. Es también el supuesto con una consecuencia económica más clara: si el complemento específico del docente supera el 30 % de su retribución básica, en Galicia debe renunciar a cobrarlo para que pueda concedérsele la compatibilidad. En todos los casos, la segunda actividad debe poder realizarse fuera del horario y sin menoscabar la dedicación al puesto principal; cuando se trata de un segundo empleo público, además, las excepciones suelen limitarlo expresamente a una dedicación a tiempo parcial.

"Tendría que renunciar a 1.000 euros al mes"

Con esto en mente, el mapa de las compatibilidades del cuadro docente es el siguiente: casi un 25% de las 518 compatibilidades docentes autorizadas desde 2024 son para ser profesor asociado en alguna de las tres universidades gallegas; otro 5%, para ejercer otros empleos públicos (para trabajar en conservatorios, escuelas municipales de música...); y el 70%, para trabajar en el ámbito privado.

Es en ese 70% donde el sindicato CIG-Ensino sitúa el problema. A diferencia de la vía universitaria, que no implica renunciar a ningún complemento salarial, la actividad privada sí golpea directamente la nómina: Laura Arroxo, con ocho años de antigüedad, calcula que solicitarla le costaría más de 1.000 euros al mes. «La otra actividad económica te tiene que compensar mucho», resume, antes de reclamar «una actualización» de una normativa que considera desfasada.

Los requisitos, admite Arroxo, son necesarios. El problema, señala, es que muchas de estas segundas actividades no son solo un ingreso extra: funcionan como formación continua, algo especialmente relevante en las ramas artísticas y en Formación Profesional. «Cuántos músicos, bailarines, docentes de conservatorios... quieren formarse o a lo mejor trabajar temporalmente en una orquesta o un ballet, y no lo pueden hacer porque no lo pueden compatibilizar con el salario», se pregunta.

Una figura que «chirría»

En el caso de la FP, que exige una actualización constante y contacto directo con el tejido empresarial, Arroxo ve una contradicción que agrava el problema: mientras al docente que quiere compatibilizar con una empresa privada se le exige renunciar a parte de su sueldo cuando supera el límite legal, la nueva ley de FP sí «permite que se incorpore gente de la privada» a las aulas «compatibilizando los dos trabajos» para «impartir módulos nuevos que necesitan una visión empresarial y laboral más amplia» y a los que no aplica esa merma económica.

Es la figura de personal experto de Formación Profesional, trasladado a la ley de enseñanzas artísticas —todavía en desarrollo— y a la que el sindicato se opone. A Arroxo, le «chirría» por partida doble: por un lado, el sindicato defiende que todo el profesorado cumpla los requisitos de formación pedagógica; y por el otro, ve que a estos nuevos perfiles se les permite compatibilizar dos empleos sin las condiciones que sí se exigen al docente que quiere hacer el camino inverso. «El profesorado quiere estar en igualdad de condiciones, poder formarse en una empresa privada» sin merma económica en ámbitos relacionados su labor docente, señala. De ahí su reclamo: «Urge una actualización».

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