Transparencia
Contas alerta que la falta de control interno de los concellos eleva el riesgo de ilegalidades
El órgano fiscalizador avisa de que crecen un 37 por ciento los expedientes de gasto que no son revisados por un interventor y que el 66 por ciento son nulos por no ajustarse a derecho

Sede del Consello de Contas. / Xoán Álvarez

Expedientes de gasto que no reciben el visto bueno del interventor, pagos sin cobertura legal y ausencia de auditorías o planes de supervisión financiera. El Consello de Contas alerta de la falta de control interno en la mayoría de las entidades locales de Galicia. Solo el 11 por ciento cuenta con sistemas de vigilancia efectiva que eviten incumplimientos legales o irregularidades debidas a fraude o errores.
El órgano fiscalizador ha pasado examen a las entidades locales para ver si cumplen con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Concellos, diputaciones o mancomunidades deben remitir a Contas los expedientes de contratación, los convenios e informar de sus sistemas de control interno. Y donde peor nota sacan es en la falta de mecanismos para evitar incumplimientos o fraudes en el uso de los recursos públicos.
Así, en su informe, advierte de «deficiencias estructurales» como la insuficiencia de medios personales y materiales que afecta al 78 por ciento de las administraciones locales: faltan interventores municipales. Además, el 82,4 por ciento de las entidades no cuentan con un Plan Anual de Control Financiero, además de que las auditorías públicas son residuales.
«Estas circunstancias generan un riesgo elevado de incumplimiento normativo y de ineficacia del control interno, comprometiendo los principios de legalidad, eficiencia y buena gestión de los recursos públicos», advierte Contas.
Sin fiscalización previa
Según su análisis, existe un incremento «sostenido» de expedientes de gasto que no pasan por una fiscalización previa del interventor. Entre 2021 y 2023 aumentaron un 37 por ciento hasta casi 2.000 y afectaron a 82,2 millones de euros, un volumen de dinero que es un 49 por ciento superior al de dos años antes.
El resultado de no pasar este control previo es que el 66 por ciento de estos expedientes terminan incurriendo en supuestos de nulidad por no cumplir la ley. El número de actos nulos crece: pasa de 1.154 a 1.293. Los ayuntamientos de Viveiro, Santiago de Compostela, Pontevedra y Nigrán concentran la mayoría de casos donde se omitió la fiscalización que no son conformes a derecho.
Contas alerta además del «uso sistemático» del reconocimiento extrajudicial de crédito como mecanismo para regularizar el gasto ejecutado sin cobertura legal. Se detectaron también «anomalías» en materia de ingresos en un 18 por ciento de los casos. «Hay una mayor gravedad de las incidencias detectadas», apunta el órgano fiscalizador.
Como recomendaciones este organismo aconseja cubrir los puestos de interventores vacantes y eliminar estos reconocimientos extrajudiciales de crédito.
Contratación
En cuanto al ámbito de la contratación Contas señala que hubo «avances», pues el 80 por ciento de los concellos remitió esta información, lo que supone una mejora respecto al 75 por ciento de 2021. El riesgo está en que hay 60 entidades que no informan de sus contratos y son administraciones con «un volumen contractual relevante».
Además, el principal problema, según Contas, reside en el retraso en remitir esta información. «El incumplimiento del plazo de tres meses es el patrón dominante», alerta. La demora media va de los 148 días de 2021 a los 297 días de 2022.
En materia de convenios cumple el 60 por ciento de las entidades locales. Los que mejor rinden cuentas son los concellos más pequeños, mientras que los peores son los de tamaño intermedio (10.000-20.000 habitantes). Los cuatro grandes ayuntamientos que no informan a Contas, que son A Coruña, Ferrol, Ourense y Santiago, acumulan tres ejercicios consecutivos de incumplimiento.
Contas propone reforzar el seguimiento de las entidades incumplidoras, intensificar las comunicaciones sobre las obligaciones legales de remisión y que los concellos mejoren la calidad de los datos remitidos.
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