Xunta y universidades se reparten de forma paritaria la supervisión de contenidos, nivel de dificultad del examen y criterios de evaluación en la nueva PAU

Galicia avanza hacia una nueva selectividad que reflejará «mejor» la preparación del alumnado gallego y que dará «más seguridad al proceso». Lo hace con la Consellería de Educación y las tres universidades públicas en sintonía. Ambas partes destacan el consenso al anunciar el pacto suscrito este jueves para abordar una reforma que ya estaba prevista por la Administración autonómica, pero cuya necesidad se hizo más evidente, según las autoridades, después de que durante la prueba de acceso a la universidad de junio docentes y estudiantes denunciaran «múltiples errores» o cuestiones mal formuladas en exámenes como los de Historia de España y de Dibujo Técnico.

En un pacto exprés —el proceso para sentar las bases de lo que será la PAU en los próximos años se inició hace menos de un mes—, la Xunta y los rectorados suscriben un acuerdo cuyos efectos, como avanzó en su momento el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comenzarán a notarse ya el próximo año, por ejemplo, con la doble revisión, con el objetivo de que se eviten incidencias como las registradas en la convocatoria ordinaria. Precisamente ese punto es uno de los destacados por la rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo: «Se llega a un buen equilibrio entre garantizar que los exámenes están con una custodia de altas garantías y que no tengan errores».

La Consellería de Educación y las universidades públicas entierran así las fricciones suscitadas por la gestión de la PAU realizada por la CiUG, por cuyos errores la Xunta pidió responsabilidades mientras los rectorados defendieron su trabajo «sólido, fiable y reconocido como un referente en el conjunto del Estado» durante décadas.

Pruebas adecuadas a la formación

El acuerdo que se materializa, explica el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, busca «la mayor coordinación para garantizar que las pruebas sean adecuadas al nivel y a los contenidos del currículo de Bachillerato» —hubo quejas de docentes de secundaria que cuestionaban la dificultad de algunas preguntas— «y que se corrijan con criterios que reflejen la buena preparación del alumnado gallego».

Para hacer realidad esa visión, el Gobierno gallego —que reclamó desempeñar un «rol más activo» en el procedimiento— irá de la mano con los campus, en «corresponsabilidad». Y es que los principales cambios funcionales afectan a la organización de la prueba y a la CiUG, que la gestionaba en su totalidad hasta ahora, con la creación de una nueva estructura de coordinación institucional articulada en una comisión organizadora, que fijará las reglas de contenidos y dificultad de las pruebas, y una técnica, que se ocupará de la logística.

La comisión organizadora estará conformada de forma paritaria por tres representantes de la Consellería y tres delegados de las universidades, junto a una secretaría externa. Entre sus misiones estará definir las directrices sobre qué contenidos son «adecuados» para cada prueba, cuál debe ser el «nivel de dificultad» o cómo se corregirán y calificarán.

De hecho, su responsabilidad llega al punto de elaborar bancos de preguntas que faciliten después elaborar los exámenes por grupos de trabajo donde tendrán más peso los profesores de Secundaria. Además, fijará los mecanismos de supervisión entre los docentes que redactan las cuestiones «para que sea más sencillo detectar cualquier error o incoherencia» antes de su entrega al alumnado.

Corresponsabilidad

Xunta y universidades destacan que el nuevo modelo «garantiza la corresponsabilidad y representación de todas las partes implicadas en estas tareas de coordinación y diseño general», tareas hasta ahora competencia de la CiUG. De ese modo, se «simplifica» la estructura de dicha entidad, que seguirá desempeñando «funciones de elaboración, custodia, distribución y corrección de las pruebas», pero pasa a estar compuesta por tres delegados de las universidades y por el Tribunal Único, que es el responsable de toda la parte operativa de la selectividad.

«Es un diseño que va a dar más seguridad al alumnado, va a generar más igualdad, va a posibilitar una mayor implicación del profesorado de Secundaria y va a delimitar las funciones, las responsabilidades y las características de todas las personas que participan en este proceso», incidió Rodríguez, para quien se han sentado las bases de «un nuevo modelo, más seguro, más coherente, más igualitario, que haga posible evitar cualquier tipo de controversia o problema».

Todas las partes implicadas, desde la Xunta a los rectorados, coinciden en que el sistema tenía «margen de mejora». La rectora de Santiago, Rosa M. Crujeiras, considera que el sistema «supone muchas más garantías para todas las partes». Por otra parte, Ricardo Cao, rector de la Universidade da Coruña, resalta que la reforma no aparta a la CiUG, como se temía desde las universidades, sino que la sitúa en un «papel central, como ha venido teniendo» y como, en su opinión, debería mantenerse «en el futuro».

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