Renuncian las dos aseguradoras que cubren las negligencias sanitarias en Galicia: el Sergas tiene que licitar un nuevo contrato un 19% más caro

La Xunta tendrá que licitar un nuevo seguro de responsabilidad civil y patrimonial que cubra los riesgos de la administración general y, sobre todo, del Sergas, que son los que provocan el mayor volumen de litigiosidad e indemnizaciones debido a las negligencias sanitarias. El motivo es que las dos compañías que sostienen la póliza vigente se plantan. Ambas han renunciado a continuar con este servicio, pese a que contaban con la posibilidad de seguir dos años más. No quieren saber nada de prórrogas. Al menos con las condiciones económicas con que se firmó el contrato vigente.

El seguro actual fue adjudicado en régimen de coaseguro a Relyens Mutual Insurance, que asume el 84,76% del riesgo, y a Everest Insurance, responsable del 15,24% restante. El contrato cubre el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2026 y contemplaba dos posibles prórrogas anuales, lo que habría permitido mantenerlo en vigor hasta octubre de 2028. Sin embargo, ambas entidades han decidido no continuar.

El expediente de la Xunta, aunque no detalla las razones de la renuncia, aclara que se ha producido un cambio relevante en el mercado asegurador. En octubre de 2025 se anunció que AIG adquiriría los derechos de renovación del negocio minorista de Everest, una operación que no altera las obligaciones de la compañía sobre las pólizas en vigor, pero sí afecta a las futuras renovaciones. Relyens trasladó formalmente su negativa el pasado 12 de marzo y Everest hizo lo mismo cuatro días después.

Ante esta situación, la Consellería de Facenda se ve obligada a promover un nuevo concurso para evitar que la cobertura quede interrumpida a partir de octubre. La futura póliza protegerá frente a las consecuencias económicas de las reclamaciones presentadas por terceros por daños causados por acción u omisión del personal de la Administración autonómica y sanitaria.

El contrato sale a licitación con un presupuesto base de prácticamente 26 millones de euros para dos años y un valor estimado de 52 millones si se agotan las dos prórrogas previstas. La Xunta justifica la contratación externa porque permite «sustituir un coste incierto», derivado de posibles indemnizaciones y que puede ser elevado, «por otro cierto y reducido, que es el que corresponde al abono de la prima».

Este precio de salida es un 19% más caro que el anterior, pues mientras ahora es de 13 millones de euros por anualidad, el anterior era de 10,9 millones.

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