Más de un centenar de concellos gallegos carece de plan de protección ante los incendios pese a estar en zonas declaradas de alto riesgo

El fuego es siempre una amenaza y cada vez, por el cambio climático, se refuerza. Las llamas acechan a los bienes y a la población, como sucedió el pasado año en Galicia y como ahora está pasando en Madrid y Ávila. Si embargo, al menos 111 concellos gallegos situados en zonas de alto riesgo de incendio forestal arrancaron el verano sin disponer de un plan de actuación municipal que ordene la respuesta ante una emergencia. Se trata de territorios incluidos en las denominadas ZAR, áreas identificadas así en el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2026 por la frecuencia o virulencia de los fuegos y por la importancia de los bienes, espacios naturales o poblaciones amenazados.

La carencia de estos instrumentos de protección se reparte de forma desigual entre las cuatro provincias. Ourense concentra el mayor número de incumplimientos, con 45 municipios, seguida de A Coruña, con 31; Pontevedra, con 23, y Lugo, con 12. En conjunto, más de un centenar de gobiernos locales afrontan la campaña de mayor peligro, iniciada el 1 de julio, sin haber completado una planificación que no es voluntaria, sino que deriva de la normativa de protección civil y de los planes autonómicos frente al riesgo forestal.

Los planes de actuación municipal, conocidos como PAM, deben convertirse en la hoja de ruta de un concello cuando las llamas amenazan viviendas, infraestructuras o masas forestales. Su contenido tiene que definir la estructura de mando y la organización de los servicios municipales, así como los mecanismos de coordinación con la Xunta, las fuerzas de seguridad, los equipos de extinción y el sistema de emergencias.

También deben dividir el territorio en función de sus niveles de riesgo, identificar los núcleos y edificaciones más expuestos, establecer itinerarios de evacuación y lugares seguros de acogida y prever cómo se avisará a la población. A ello se suma la obligación de catalogar los medios disponibles —vehículos, maquinaria, depósitos de agua, personal o instalaciones— y de incorporar medidas de información, formación y autoprotección para los vecinos.

Una vez redactado, el documento debe someterse a información pública, recibir la aprobación del pleno municipal y ser homologado posteriormente por la Comisión Galega de Protección Civil. La Xunta ha puesto a disposición de los ayuntamientos modelos y líneas de ayuda para financiar su elaboración, que puede alcanzar hasta el 75% del coste. A comienzos de año, la Administración autonómica había advertido a casi 180 municipios que debían redactar o revisar sus protocolos, y 113 iniciaron a finales de mayo los trámites para ponerse al día. De ellos, 111 se corresponden con municipios catalogados como de zonas de alto riesgo de incendio.

Entre ellos figuran Caldas de Reis, A Caniza, Forcarei, Oia, Silleda, Soutomaior o Portas en Pontevedra; Abegondo, Carnota, Fistella, Laxe, Sobrado o Vimianzo en A Coruña; Avión, Baltar, Boborás, O Irixo, Laza, Xinzo o Rubiá en Ourense; y Bóveda, Cervantes, A Fonsagrada, Palas de Rei o Chantada en Lugo.

La persistencia de estos vacíos de planificación adquiere especial relevancia en un verano marcado por una sucesión de incendios de extraordinaria gravedad en España. Los fuegos que afectan este sábado a Ávila y a la Comunidad de Madrid han obligado a evacuar o confinar a decenas de miles de personas y han arrasado miles de hectáreas, en una emergencia condicionada por el viento y por la proximidad de las llamas a numerosos municipios.

Los PAM no impiden que se declare un fuego ni sustituyen el trabajo de los servicios de extinción, pero permiten anticipar la respuesta y reducir sus consecuencias sobre todo en unos municipios envejecidos, dispersos y con numerosos núcleos rodeados de vegetación.

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