El Congreso entrega a Xunta y Estado el testigo para que negocien el traspaso a Galicia de la AP-9

La tramitación parlamentaria para transferir a Galicia la titularidad y la gestión de la AP-9 ha llegado a su fin. Es la primera vez, en los cuatro intentos que ha habido, que ha llegado tan lejos. Nada menos que hasta el final en lo que se refiere a las Cortes Generales. Pero no es el último paso. El Congreso acaba de ratificar la ley orgánica que permite este traspaso, al rechazar un texto alternativo que venía del Senado a propuesta del PP, y ahora el testigo pasa a manos de la Xunta y el Ejecutivo central para que se ejecute esta demanda histórica de la comunidad autónoma. En la votación de esta tarde, el Partido Popular se ha quedado casi solo, pues solo fue respaldado por el diputado de UPN, Alberto Catalán, en su oposición a la transferencia.

El acuerdo tomado en el Congreso traslada la responsabilidad a ambos gobiernos para que se sienten a negociar las condiciones concretas del traspaso, que deberán acercar posiciones en la comisión bilateral Xunta-Estado, algo que no se podrá convocar, en todo caso, hasta que la ley orgánica se publique en el BOE. Un paso imprescindible para que entre en vigor y faculte a que las dos administraciones se sienten a la mesa.

Pero la negociación no será fácil y su recorrido se presenta tortuoso. El PP se ha posicionado en contra porque considera que el texto acordado entre PSOE, Sumar y BNG para desbloquear el traspaso carece de suficientes garantías económicas para Galicia y que con esas condiciones generales, sobre todo si el Tribunal de Justicia de la UE declara ilegal la prórroga de la concesión aprobada por el Gobierno de Aznar hasta el año 2048, resulta inviable. De hecho, redactó un texto alternativo en el Senado —Cámara en la que tiene mayoría absoluta—, por lo que la ley orgánica ha tenido que volver hoy al Congreso para levantar ese veto. El PP sostiene que ese pacto de los partidos de izquierda «traiciona» la propuesta aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego, por lo que intentó modificarlo en el Senado.

«Inaceptable»

En la línea defendida por el PP en el Congreso y en el Senado, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido que el traspaso de la AP-9 tal como está planteado «puede suponer miles de millones de euros» para las arcas gallegas, por lo que considera que es «inaceptable». Y si el Ejecutivo gallego rechaza las condiciones, la transferencia de la autopista quedaría bloqueada.

En un acto en Cee (A Coruña) este jueves, Rueda ha recordado que «había un acuerdo unánime» del Parlamento con el que «se garantizaba y se blindaba» que «Galicia no tuviera que pagar nada porque venía con los recursos económicos necesarios». «Lamento muchísimo que se rompiera ese consenso», ha afeado al resto de partidos y ha citado al ministro de Hacienda, Arcadi España, quien cuestionó si tenía que ir «con un lacito y con los recursos económicos del Gobierno central».

La Xunta y el PP sostienen que el acuerdo aprobado en el Congreso no garantiza por parte del Gobierno central los fondos necesarios para aumentar las bonificaciones, realizar las inversiones comprometidas, afrontar ampliaciones o nuevos accesos y, sobre todo, correr con los gastos de la indemnización a Audasa en caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine que la ampliación de la concesión es ilegal por falta de concurrencia competitiva.

Intervenciones

En el debate de este jueves, el PSOE y el BNG han pedido al PP que no caiga en la tentación de bloquear el traspaso en la comisión bilateral Xunta-Estado, algo a lo que el PP, sin confirmarlo literalmente, ha respondido que la Xunta «no debe ni puede» aceptar los términos en los que ha quedado redactada la transferencia.

Celso Delgado (PP) ha sostenido que pide una transferencia «sin trampas ni cartón», «sin riesgos ocultos» y «sin poner en riesgo las cuentas de la comunidad», como se hace con Cataluña o el País Vasco. Ha advertido de que Galicia asumiría una transferencia con unas cargas futuras «inciertas» que pueden llegar a los 4.000 millones de euros, algo que han negado los portavoces en este debate de las tres formaciones de izquierda que pactaron el texto aprobado.

La socialista Patricia Otero ha acusado al PP y a Rueda de estar «engañando» a la ciudadanía gallega porque «queda muy claro» tanto el reparto de competencias como las responsabilidades. La diputada ha preguntado en su intervención si el «siguiente bloqueo» del PP se producirá en la Comisión Mixta de Transferencias, si «se van a negar a sentarse a hablar con el Estado». «¡Dejen las pataletas, dejen de ser lloricas y compórtense como personas adultas!», espetó.

Lo mismo ha dicho temer el diputado del BNG, Néstor Rego, que tras acusar al PP de esgrimir «pretextos falsos» porque «sencillamente no quiere esta transferencia», ha soltado que espera «que no tengan la tentación de bloquear después de forma permanente la negociación en la Comisión Mixta de Transferencias».

Manuel Lago, de Sumar, ha asegurado en su turno que en el texto pactado por la izquierda «no hay trampa ni cartón, es directamente la transferencia de la AP-9», y ha acusado al PP de utilizar la Xunta para confrontar con el Gobierno central, «aunque los precios que haya que pagar sean los de Galicia y el pueblo gallego».

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