El Estado cambia los criterios para mover la línea de deslinde en la costa y ampliar el dominio público marítimo terrestre

El Gobierno central ha desempolvado una propuesta de 2022 con la que pretende hacer más flexible el mecanismo de deslindes para ampliar tierra adentro el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), lo que eso conlleva de dar al Estado la titularidad de esa porción de terrenos, así como de los bienes que haya sobre ellos. Los cambios los hará a través de la reforma del Reglamento de Costas, en cuyo primer borrador, de marzo de este año, no figuraban, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica los ha colado ahora a través en el real decreto contra inundaciones presentado la semana pasada. Esta modificación acentúa la confrontación con la Xunta, que censura tanto el modo en que se plantea la revisión normativa, que tacha de «unilateral», como sus efectos, pues la ampliación del DPMT «podría abarcar zonas urbanas hoy consolidadas».

Esta revisión ya se intentó en el año 2022. Fue aprobada formalmente, pero solo dos años después la anuló el Tribunal Supremo junto con todo el contenido modificado del Reglamento de Costas por un defecto de procedimiento, ya que no se sometió previamente a información pública.

Pese a este revés, el Gobierno siguió con su pretensión de revisar la normativa que afecta a la gestión del litoral y en marzo de este año presentó un nuevo borrador, alegando que debía hacerlo por mandato de la UE para adaptarlo a la reglamentación europea de concurrencia competitiva, lo que había motivado, por su incumplimiento, un expediente de infracción. Lo que se quiere establecer —principalmente— es que la duración de las concesiones en el litoral no pueda ser de más de 75 años, contando desde el momento inicial de la aprobación y sumando todas las posteriores renovaciones, o que las concesiones de ocupación del DPMT se otorguen mediante concurso público y sin que haya una prórroga automática, como ocurría en España, contraviniendo la legislación comunitaria.

La reforma del Reglamento de Costas todavía no se ha aprobado y ahora se le ha sumado la revisión de los criterios que abren la puerta a que el Gobierno central pueda trazar una nueva línea divisoria entre el mar y la tierra y desplazar al interior los límites del dominio público marítimo-terrestre.

¿Qué elementos introduce para facilitar esta ampliación del suelo competencia del Estado? Son dos. Por una parte, se busca que el DPMT —el más restrictivo en cuanto a usos y cuya ocupación se realiza mediante una concesión— llegue tierra adentro hasta el máximo nivel que alcance una ola. Basta con que llegue una sola.

En la actual normativa se establece un sistema de medición por el que ese límite debía repetirse al menos cinco veces en un lustro para poder hacer ese deslinde, lo que restringía las posibilidades de ganar terreno por tratarse de un método de recurrencia en el alcance del mar.

Y, como segundo criterio, en el futuro se incluirán casi cualquier duna —formación de arena— como perteneciente al dominio público marítimo-terrestre, estén o no fijas por vegetación. No lo serán únicamente las que hayan quedado «aisladas tierra adentro».

Actualmente existe toda una tipología de dunas que no se consideran dentro de la zona de máxima protección, como las «estabilizadas» o las ocupadas en más de un 75% de su superficie por arbustos o árboles. Pero en el futuro ya no será así y todas ellas se podrán incluir en el dominio público.

Reacción de la Xunta

Ante este paso dado por el Gobierno central, la Xunta ha alertado de «un nuevo intento» de «limitar los usos en el litoral» con una reforma de los criterios para establecer la línea de deslinde que «supondría avanzar en su objetivo de modificar unilateralmente la legislación de Costas».

Un cambio que, según argumenta en un comunicado, supondría que «cualquier actualización de modelos o series de datos podría justificar nuevos deslindes, generando así una inseguridad permanente para ayuntamientos, propietarios y concesionarios».

A través de la modificación de la línea de deslinde de costa con la aplicación de este nuevo criterio, los terrenos que pasen a estar en el dominio público marítimo-terrestre serían, subraya la Xunta, «inalienables, imprescriptibles e inembargables, con las correspondientes limitaciones severas para usos residenciales, turísticos o industriales».

En el caso concreto de Galicia, la Xunta defiende que esta modificación «no tiene en cuenta las características singulares y particulares de la costa de la comunidad». De hecho, recuerda que en las rías los temporales pueden penetrar más hacia el interior que en un litoral recto. Señala que, por lo tanto, si se toman como referencia las máximas olas inscritas o calculadas, el DPMT «podría abarcar zonas urbanas hoy consolidadas».

El Gobierno gallego también recuerda que a lo largo de la costa de la comunidad hay muchos núcleos de población que tienen frentes urbanos muy próximos al agua. De ahí que la aplicación de un criterio de máximos extremos «podría tensionar la relación entre el DPMT y el tejido urbano tradicional». Además, agrega, «un deslinde más expansivo podría complicar también la gestión de espacios portuarios, almacenes, lonjas o accesos».

Suscríbete para seguir leyendo