La primera criba de las oposiciones a profesor deja plazas sin candidatos suficientes en al menos siete especialidades de FP y Bachillerato en Galicia

La primera fase de las oposiciones docentes de Galicia ha vuelto a encender las alarmas en Secundaria y, sobre todo, en Formación Profesional.

Al menos siete especialidades ya tienen menos aspirantes aprobados que plazas ofertadas, según aseguran fuentes del proceso, por lo que parte de los puestos quedarán vacantes aunque todos los candidatos superen la segunda prueba.

Los casos más llamativos se concentran en áreas con dificultades para captar profesorado.

En Informática solo han pasado nueve aspirantes para 30 plazas; en Sistemas y Aplicaciones Informáticas, 15 para 40. Estas dos asignaturas son, además, deficitarias en docentes desde hace años, debido a la alta demanda de profesionales de la rama en el sector privado.

Lo mismo ocurre en la especialidad de Economía, que se imparte en Bachillerato: cinco opositores han avanzado a la segunda fase, para cubrir 20 plazas ofertadas.

Y la situación se repite en Transporte y Mantenimiento de Vehículos, con 13 aspirantes para 20 puestos; Soldadura, seis para diez; Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, cuatro para seis; Procesos de Gestión Administrativa, 22 para 33; Administración de Empresas, 18 para 20, y Organización y Gestión Comercial, 13 para 15, según los datos recopilados por CIG-Ensino.

Una de las claves está en la exigencia de las pruebas. De las 16.036 personas admitidas, 11.531 acudieron a los exámenes y solo 1.884, el 16%, superaron la primera fase. O lo que es lo mismo, solo uno de cada diez la pasó.

Son cuatro puntos más que el año pasado, pero compiten por 1.601 plazas en 42 especialidades. La fase final, con la defensa de la programación y la exposición de una unidad didáctica, concluirá el 19 de julio.

La consecuencia será mantener la dependencia de las listas de interinidad para cubrir puestos que no lograrán adjudicarse como plazas estables. El problema es especialmente delicado en las familias ligadas a la digitalización y la industria, donde la enseñanza pública compite por los titulados con empresas que, según los sindicatos, ofrecen condiciones laborales más atractivas.

«No hay nada de lo que alegrarse», sostiene la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo. El sindicato recuerda que este año el personal interino consolidado no estaba obligado a presentarse para permanecer en las listas, pero considera «desolador» que solo avance el 16%. Reclama actualizar temarios que en algunos casos proceden de los años noventa, rebajar el peso memorístico de la primera prueba, publicar antes los criterios de evaluación y ampliar el calendario para que los tribunales trabajen con más garantías.

La central también cuestiona la organización de un proceso que comenzó el 20 de junio y debe estar terminado el 19 de julio. Ese calendario, argumenta, deja poco margen para corregir ejercicios y celebrar exposiciones orales de hasta una hora, además de someter a una elevada presión al profesorado que forma parte de los tribunales. La exposición de la unidad didáctica y la defensa ante el tribunal es, precisamente, la parte que ahora asumirán esos casi 1.900 profesores que aprobaron la primera prueba.

«No hay que cubrir todas las plazas si los aspirantes no acreditan la capacitación necesaria»

ANPE coincide en que el modelo debe revisarse. Su presidente gallego, Julio Trashorras, subraya que el sistema vigente data de 2007 y conserva una estructura anterior, poco adaptada a la realidad de especialidades como Informática. Propone una prueba teórica más objetiva, que reduzca la subjetividad y permita saber con mayor claridad por qué un examen supera o no el corte.

El sindicato matiza que un proceso selectivo no tiene por qué cubrir todas las plazas si los participantes no acreditan la capacitación necesaria. No obstante, pide encontrar un equilibrio que agilice el trabajo de los tribunales sin rebajar los principios de mérito, capacidad e igualdad.

El problema no es nuevo. CIG-Ensino cifró en un 33% las plazas que quedaron sin adjudicar en la convocatoria gallega de 2025, un resultado que calificó de histórico. Los sindicatos urgen ahora a la Xunta y al Ministerio a impulsar una reforma estatal que acerque las pruebas a la práctica docente y evite que las especialidades más deficitarias sigan cubriéndose año tras año mediante personal interino.

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