Los alarmantes datos sobre el retroceso del gallego que obligaron a la Xunta a replantearse su política lingüística

El consenso lingüístico que reinó en Galicia durante años se rompió en 2007 cuando el PPdeG se desmarcó del decreto sobre el uso del gallego en la educación que impulsó el Gobierno bipartito y que establecía que como mínimo el 50% de las asignaturas serían impartidas en esta lengua. A partir de ese momento el idioma pasó a ser motivo de disputa política, un debate azuzado por las manifestaciones de Galicia Bilingüe. Cuando Alberto Núñez Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta en 2009 abolió la norma aprobada por PSdeG y BNG y la sustituyó por el decreto del plurilingüismo, que repartía las clases entre gallego, castellano y un idioma extranjero, reduciendo así la cuota de la lengua propia de Galicia en las aulas.

BNG y PSdeG dieron la batalla contra la nueva norma, que la Xunta siempre defendió a capa y espada. Pero todo cambió en 2024 con una encuesta realizada por el Instituto Galego de Estatística (IGE) que reveló datos alarmantes sobre el estado de salud del gallego.

Se constató el retroceso de esta lengua, que pasó ya a ser minoritaria frente al castellano. Por primera vez, la población que habla siempre en castellano o lo utiliza con más frecuencia que el gallego —el 53,77%— superó a quienes se decantan por la lengua propia de la comunidad —el 46,23%—.

Los datos dejaban poco margen para el optimismo: solo el 24,3% de la población habla siempre en gallego, cuando cinco años antes era el 30,5%. Se mantiene estancado, sin embargo, el porcentaje de quienes hablan más gallego que castellano, situado en el 21,8%.

Y la peor parte se la llevaban las nuevas generaciones. Un tercio de los niños de entre 5 y 14 años sabe hablar «poco o nada» esta lengua y solo el 7% la usa habitualmente, un porcentaje que se reduce a la mitad respecto a hace cinco años.

En suma, en cinco años se perdieron, según el IGE, 158.533 gallegoparlantes, el 20% del total.

Lo primero que hizo la Xunta fue poner en duda la encuesta, pero después decidió abrir un proceso para revisar el plan de normalización lingüística. Se crearon once grupos de trabajo y se mantuvieron reuniones con grupos políticos, instituciones y representantes de diversos colectivos. Dos años después ha presentado un paquete con más de 700 medidas para revitalizar el idioma.

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