El TSXG multa con 1.800 euros a un abogado gallego por presentar un recurso lleno de «alucinaciones» con decenas de citas inventadas por la IA

La inteligencia artificial (IA) se puede usar también en el ámbito judicial, pero claro, aplicando las reglas del sentido común y, sobre todo, una supervisión final humana. De lo contrario, el resultado puede ser un producto ajeno a la realidad y fruto de la invención y las «alucinaciones». Y esto tiene consecuencias. También para el bolsillo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de imponer una multa de 1.800 euros a un abogado que presentó un recurso elaborado con IA y sustentado en numerosas referencias jurisprudenciales falsas. El magistrado ponente detectó en el escrito un total de 24 citas, junto con sus correspondientes extractos, que califica como fruto de una «libérrima creatividad jurídica».

El TSXG también acordó trasladar la resolución al Colegio de Abogados de A Coruña para que valore la posible apertura de actuaciones disciplinarias. El letrado reconoció los hechos, pidió disculpas y aseguró haber informado de lo sucedido a su cliente, aunque no explicó suficientemente cómo se generó el escrito ni precisó qué herramienta de inteligencia artificial había utilizado.

El auto deja claro que recurrir a la IA en el ejercicio de la abogacía no está prohibido. Sin embargo, su utilización exige un «control humano consciente y efectivo» y una comprobación posterior de los resultados. Estas herramientas generativas pueden servir como apoyo, pero no deben sustituir al profesional en la elaboración del cuerpo del escrito procesal.

En este caso, el TSXG considera que el abogado actuó de forma poco diligente y que su conducta podría ser incluso reveladora de mala fe procesal. Las citas incluidas en el recurso no fueron verificadas y, según el tribunal, o bien se inventaron directamente o se asumieron como correctas tras una de las denominadas «alucinaciones» habituales de los modelos de inteligencia artificial.

El auto también censura que la actuación «traiciona la confianza» depositada por el cliente en su abogado y representa «una falta de respeto» al órgano judicial.

Para fijar la multa, el TSXG tomó como referencia el coste anual de una herramienta de inteligencia artificial jurídica de pago, conectada con bases de datos verificadas, cuyos precios oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros. La multa pretende así cumplir una doble función: castigar la vulneración de la buena fe procesal y disuadir al letrado de repetir una conducta similar.

Como atenuantes, el tribunal valoró el reconocimiento de los hechos, las disculpas, la comunicación de lo ocurrido al cliente y la ausencia de antecedentes semejantes.

Como en los últimos meses, en diferentes comunidades autónomas se han presentado resultados generados por IA y llevado ante los tribunales jurisprudencia inexistente o datos erróneos por las «fabulaciones» de la inteligencia artificial, ante la necesidad urgente de fortalecer el rigor deontológico en el uso de estas herramientas, el Consello da Avogacía Galega (CAG), en estrecha colaboración con los Consejos Autonómicos de la Abogacía de Castilla y León, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Cantabria, ha lanzado un programa formativo sobre inteligencia artificial dirigido a los profesionales del derecho para instrurlos en el buen uso.

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