Toxicología investiga en un año 113 ataques sexuales con sumisión química en Galicia

La conciencia sobre la violencia de género ha hecho que en los últimos años las denuncias ante las fuerzas de seguridad y los juzgados se incrementen. Esto evidencia, no solo una mayor sensibilización, al menos en una parte de la sociedad, sino también la persistencia de un problema de enorme calibre que se alimenta de una sociedad que vive anclada en un machismo estructural. El miedo o la posibilidad de no ser creída hace que aún sean muchas las mujeres que se no atreven a dar el paso de denunciar a sus agresores que, en muchas ocasiones, son personas cercanas o conocidas. Entre las que deciden recurrir a la justicia, los análisis o pruebas toxicológicas pueden ser clave para demostrar los hechos.

En ese proceso, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, desempeña un papel clave. Se encarga del análisis de muestras y presta apoyo a las Unidades de Valoración Forense Integral de las comunidades autónomas. Sus cuatro departamentos, ubicados en Madrid, Barcelona, La Laguna (Tenerife) y Sevilla, dan cobertura a todo el Estado. El año pasado recibieron desde Galicia 214 solicitudes de análisis por vestigios biológicos o sospecha de sumisión química, correspondientes a 202 casos de violencia sexual, según los datos publicados por el Servicio de Biología del Ministerio.

En todos ellos se pidió el estudio de vestigios biológicos, una prueba científica orientada a detectar fluidos, tejidos o células de origen humano que puedan incorporarse como evidencia en el procedimiento judicial. En 113 casos, algo más de la mitad, esa petición se completó con análisis dirigidos a buscar indicios de administración de sustancias, una cuestión que ganó presencia en el debate público a partir de julio y agosto de 2022, tras conocerse varios casos de agresiones sexuales en los que se denunciaba la presencia de drogas ingeridas de manera no voluntaria por la víctima.

Los datos de Justicia revelan, asimismo, la edad de las víctimas, situándose la mayoría, cuatro de cada diez, en la franja de edad entre los 18 y los 29 años de edad. Es preocupante, además, el número de menores de entre 12 y 17 años de edad, con 43 casos registrados, y el de las que son aun más pequeñas (0-11 años), con 16 peticiones de análisis toxicológicos.

Para poder entender estas cifras es preciso poner el foco en los agresores y es que en el 51% de los casos se trata de "un conocido", mientras que en el 15% se la pareja o expareja de la víctima la que comete el abuso. Padres, abuelos, hermanos y otros familiares fueron los denunciados en un 8,5% de las ocasiones.

La vivienda, el escenario más habitual

Estos datos se enmarcan en un contexto en el que los órganos judiciales gallegos con competencias en violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año 8.100 denuncias, un 6,6 % más que en 2024. El número de mujeres víctimas ascendió a 7.017 y casi seis de cada cien se acogieron a la dispensa del deber de declarar, según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El lugar en el que se producen las agresiones que motivan las solicitudes de análisis al INTCF también resulta significativo. La vivienda aparece como el escenario más frecuente, con 83 casos. Le siguen aquellos en los que el lugar no consta o no se especifica, con 60 en total; monte o descampado, con 12; la vía pública, con 10; vehículos particulares, con 9; centros hoteleros, con 8; y lugares de ocio, con 7.

En el conjunto estatal, el número de análisis solicitados en este periodo ascendió hasta los 5.062. Cataluña se situó a la cabeza (1.177), seguida de la Comunidad de Madrid (918), Comunitat Valenciana (693) y Andalucía (632).

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