La imposible tarea de reducir la temporalidad en el sector público: en Galicia todavía está en el 27%

España inició en el año 2021 el camino para reducir la altísima temporalidad que se registraba en el empleo público. Lo hizo por mandato de la Unión Europea, que obligó al Gobierno central, a las comunidades autónomas, a las diputaciones y a los ayuntamientos a adoptar medidas de estabilización en sus respectivos cuadros de personal, sobre todo en los ámbitos sanitario y educativo. Desde entonces, al menos en Galicia, se han rebajado sensiblemente las ratios, pero todavía es insuficiente. Tanto que el Consello Económico e Social (CES) —en su informe anual correspondiente al año 2025— alerta de la «elevada temporalidad» que afecta a los trabajadores del sector público y reclama a las administraciones, sin poner la diana en ninguna en concreto, que analicen en profundidad las causas e implanten las medidas necesarias para corregir esta situación.

«A pesar del descenso registrado en el último año, continúa en niveles muy elevados (el 26,7% en el año 2025) y muy por encima del sector privado, donde en la misma fecha se situó en el 10,4%», se recoge en su memoria socioeconómica. O sea, que mientras que en la empresa privada solo uno de cada diez trabajadores tiene un contrato temporal, en el conjunto de las administraciones públicas de la comunidad autónoma, la proporción es de uno por cada cuatro empleados.

La tasa de temporalidad en Galicia se sitúa en 2025 en el 13,8% (sumando el sector público y el privado), lo que representa una reducción de 1,1 puntos con respecto al año anterior e es inferior, además, al promedio estatal (15,3%).

Por sexos, según el informe del CES, la mejora del indicador se produce tanto en hombres como en mujeres, con una reducción de la tasa de temporalidad de 1,7 puntos porcentuales en el caso de los varones y de 2,6 puntos en el de las mujeres, aunque continúa siendo superior en el caso femenino.

La reducción en 2025 de la tasa de temporalidad se acompaña de un incremento del índice de rotación hasta los 3,8 contratos por persona (frente a los 3,2 de 2024). «Hace falta destacar que cerca del 40% de los contratos temporales tienen una duración inferior a una semana y que el 60% no supera los seis meses», avisa el CES, que considera «imprescindible» el refuerzo de los mecanismos que permitan aumentar la duración de los contratos temporales y avanzar en la estabilidad del empleo.

También advierte de que la jornada parcial sigue estando fuertemente feminizada y, además, en muchos casos responde a situaciones de parcialidad no deseada, es decir, personas que aceptan trabajar a tiempo parcial por no encontrar un empleo a tiempo completo.

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