Galicia afloró 87 millones de euros de fraude fiscal en 2025, frente a los 100 de un año antes

La Xunta destapó el pasado año un total de 87 millones de euros de fraude fiscal en Galicia, frente a los 100 millones de euros aflorados un año antes, según informó este jueves la directora de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), Sonia Lafont, en el Parlamento de Galicia donde hizo balance de la actividad anual de su departamento.

Casi la mitad de los contribuyentes sospechosos de fraude fiscal reconocieron los errores y subsanaron las deficiencias. En ese sentido, la directora de la Atriga aludió a la relevancia de luchar contra el fraude fiscal porque beneficia a la población y señaló que los 87 millones de euros aflorados por inspecciones equivalen al monto de las obras previstas este año en los hospitales de A Coruña y Ferrol y en seis centros de salud gallegos.

Lafont puso en valor que cada euro que se gasta en el funcionamiento de la Atriga le reporta a la comunidad autónoma más de 34 euros. De hecho, cada trabajador de la Axencia Tributaria permitió aflorar cerca de 240.000 euros. En conjunto lo recaudado por la Xunta este año se incrementó un 16 por ciento.

Con carácter general el año pasado hubo un incremento en la recaudación en todos los impuestos en Galicia, salvo en los relacionados con la «contaminación atmosférica» que se mantuvo «estable».

Rebajas fiscales

Además, los hogares gallegos ahorraron cerca de 470 millones de euros en el año 2025 por las rebajas fiscales de la Xunta. Fue esta política de bonificaciones fiscales la que generó más polémica en el Parlamento con los grupos de la oposición. Tanto BNG como PSdeG critican que el Gobierno gallego renuncie a «cientos de millones» por estos descuentos que benefician a los ricos.

La directora de la Axencia Tributaria de Galicia defendió que los beneficios fiscales que aplica el Gobierno gallego se destinan a rentas medias y bajas y a colectivos «prioritarios», entre los que ha citado a jóvenes, familias numerosas, y «este año también» a monoparentales, a personas con discapacidad, al medio rural y a la actividad económica.

La nacionalista Noa Presas, quien abogó por «un organismo más fuerte que pudiese gestionar una mayor capacidad impositiva», criticó que el año pasado se aumentó la recaudación «pero no por una política responsable» ante «necesidades sociales» y la bajada de recursos extraordinarios. La Xunta, según censuró Presas, «sigue con su giro hacia una política que drena recursos y camina hacia ser más insolidaria».

En su turno, la socialista Patricia Iglesias adivirtió de que «el problema no es de la Atriga», sino, a su juicio, «de las decisiones políticas» del titular de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, por una política fiscal que no ve «justa y redistributiva» sino próxima al «ala más dura» de su partido, «bajo la premisa de que los impuestos son un lastre». «Galicia está renunciando a cientos de millones mediante una política permanente de beneficios fiscales.

Por su parte, la popular Cristina Sanz reivindicó que es «posible recaudar más con un paquete de bonificaciones fiscales» y lo contrapuso «al modelo de voracidad fiscal» que atribuye al Gobierno central.

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