El traspaso de la AP-9 a Galicia consuma otro desencuentro en el Senado: el PP quiere más garantías económicas (y revertir el acuerdo del Congreso)

El trámite en las Cortes Generales para transferir a Galicia la AP-9 ha consumado este mediodía otro desacuerdo entre el PP y PSOE y BNG. Ha sido en el Senado, que ha reproducido las mismas desavenencias del pasado mes en el Congreso cuando se aprobó la ley, con el voto en contra de los populares, que permitirá la transferencia de la autopista. En la Cámara Alta, el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta y ha aprovechado para modificar esa ley de forma que se fijen las garantías económicas que, a criterio del PP, el Gobierno central debe asumir con el traspaso, como cubrir la indemnización a la concesionaria en caso de declararse ilegal la prórroga o la subida acumulativa anual del 1 %. PSOE y BNG se manifestaron en contra por entender que lo único que pretenden los populares es boicotear la transferencia.

En todo caso, la acción del PP es poco más que un gesto simbólico. Para, como dice, recuperar el «espíritu» del acuerdo del Parlamento gallego, ha introducido hoy siete enmiendas en la ley durante su paso por la Comisión de Transportes del Senado (que han salido adelante por 17 votos a favor frente a 11 en contra), que se votarán en pleno este jueves. Pero no servirá de nada, porque ese texto legal volverá de nuevo al Congreso, donde se dejará sin valor y se ratificará el aprobado el pasado mes tras las negociaciones entre PSOE, BNG y Sumar que provocaron el desmarque total del PP, que vio en ese acuerdo una «traición» a la iniciativa unánime del Parlamento gallego.

¿Qué cambios propone sobre la ley que avaló el Congreso? Dando por sentado que esas siete enmiendas no tienen más recorrido que su paso por el Senado, el PP reclama al Estado más garantías económicas para que las arcas autonómicas no se vean penalizadas con el traspaso de la AP-9. Así, se pide que asuma la indemnización en caso de que el Tribunal de Justicia de la UE declare ilegal la prórroga de la concesión hasta 2048 que aprobó el Gobierno de Aznar; que aporte fondos para ejecutar las obras comprometidas y también aquellas otras que resulten necesarias en el futuro; que reserve recursos económicos para ampliar las bonificaciones en los peajes; o que suprima la subida anual del 1 % que se autorizó durante 20 años a cambio de ampliar la autopista en Rande y Santiago.

En el debate previo, el senador José Manuel Barreiro (PP) enfatizó que hubo unanimidad en Galicia, por lo que «los que han roto el consenso tendrán que explicar por qué lo han hecho», en referencia al PSOE y el BNG, ya que si introdujeron luego mejoras, les inquirió, «por qué no las propusieron en el Parlamento gallego».

A su juicio, la proposición aprobada por el Congreso carece de garantías de que Galicia no sufrirá consecuencias económicas, por lo que en el Senado se intenta revertir ese acuerdo «por una cuestión de coherencia, responsabilidad, compromiso y lealtad».

El senador socialista Manuel Mirás sostuvo que «todos los gastos seguirán en la Administración General del Estado» y que «Galicia no lo sufrirá», porque «se evita en la ley». Además, Mirás ha subrayado que «ninguna transferencia termina con la aprobación de la ley orgánica», sino que las cuestiones económicas y técnicas han de negociarse en la comisión bilateral, que es «una fase posterior», por lo que las críticas del PP muestran su «desconfianza en los mecanismos del ordenamiento jurídico».

Por el BNG, Carme da Silva ha asegurado que la Xunta estará «exenta de cualquier tipo de responsabilidad económica» aunque adquiera la titularidad y no solo las competencias. Además, le recordó a Barreiro que si la AP-9 continúa con peaje es porque Aznar alargó la concesión de la autopista hasta 2048.

«Tengan lealtad a Galicia y aclaren por qué el PP no quiere la transferencia de la titularidad», ha pedido Da Silva al grupo mayoritario del Senado, y les ha reclamado que «no utilicen después la comisión mixta de transferencias para boicotear el acuerdo».

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