Los concellos y diputaciones gallegas logran reducir un 7% la deuda de los morosos, hasta los 437 millones

Los concellos y diputaciones gallegas han logrado rebajar en el último año la bolsa de deuda de difícil cobro que arrastran en sus cuentas, aunque el volumen sigue siendo muy elevado. Los saldos de dudoso cobro de las entidades locales de Galicia se situaron al cierre de la liquidación presupuestaria de 2024 en 437,3 millones de euros, frente a los algo más de 471 millones contabilizados un año antes. La reducción ronda los 34 millones y equivale a algo más de un 7%, según los datos actualizados difundidos por el Ministerio de Hacienda.

La práctica totalidad de ese agujero corresponde a los ayuntamientos. Los concellos gallegos mantienen pendientes de cobro 425,9 millones de euros en derechos reconocidos que sus haciendas consideran difíciles o directamente imposibles de ingresar. A esa cantidad se suman otros 11,4 millones de euros vinculados a las diputaciones provinciales, lo que eleva el total de la deuda de morosos con las entidades locales gallegas a 437,3 millones.

El dato supone una mejora respecto a la situación reflejada en la liquidación de 2023, cuando los saldos de dudoso cobro de concellos y diputaciones superaban los 470 millones. Entonces, solo los ayuntamientos acumulaban 454,2 millones de euros en impagos, mientras que las diputaciones rebasaban los 15 millones. Un año después, la cifra municipal baja en 28,3 millones y la provincial también se reduce, aunque el problema continúa teniendo una dimensión estructural en las cuentas locales.

Por provincias, los concellos de Pontevedra y A Coruña concentran la mayor parte de los saldos de dudoso cobro. Los municipios pontevedreses acumulan 136,2 millones de euros pendientes de ingresar, la cifra más alta de Galicia. Muy cerca se sitúan los ayuntamientos de la provincia de A Coruña, con 134 millones. Entre ambas provincias suman 270,2 millones, lo que representa más del 63% de toda la deuda de difícil cobro que soportan los concellos gallegos.

A más distancia figuran los municipios ourensanos, con 89,7 millones, y los lucenses, con 66 millones. La distribución confirma que el grueso del problema se localiza en las provincias atlánticas, donde también se concentra una mayor población, actividad económica y volumen presupuestario municipal, aunque el peso de los impagos no desaparece en las provincias del interior.

Estos saldos de dudoso cobro no son deuda financiera de los ayuntamientos, sino justo lo contrario, cantidades que particulares, empresas u otras entidades deben a las administraciones locales y que estas no consiguen cobrar. En esa bolsa se incluyen impuestos, tasas, multas, facturas por servicios públicos, obligaciones urbanísticas, indemnizaciones reconocidas por sentencia o cantidades pendientes de empresas que han quebrado. Son derechos que figuran en la contabilidad local, pero cuya recuperación se considera incierta.

El Ministerio de Hacienda recopila esta información a partir de las liquidaciones presupuestarias que remiten las entidades locales. La existencia de estos saldos obliga a los concellos y diputaciones a aplicar criterios de prudencia contable, ya que no todos los ingresos reconocidos acaban convirtiéndose en dinero efectivo en caja. En algunos casos, los procedimientos de recaudación se alargan durante años; en otros, las cantidades terminan siendo incobrables.

La evolución de 2024 introduce, en todo caso, un cambio de tendencia. Frente a la práctica estabilidad de ejercicios anteriores, Galicia consigue ahora rebajar el volumen de impagos locales en torno a un 7%.

En el conjunto de España, los saldos de dudoso cobro de los ayuntamientos ascienden a 12.224 millones de euros, a los que se añaden otros 242,5 millones correspondientes a las diputaciones de régimen común. Solo entre esas dos categorías de entidades locales, la deuda de difícil cobro supera los 12.466 millones de euros. En ese contexto, los 437,3 millones de Galicia representan alrededor del 3,5% del total contabilizado para ayuntamientos y diputaciones comunes.

Pese a la reducción registrada en el último ejercicio liquidado, la cifra gallega sigue siendo relevante. Equivale a cientos de millones que las haciendas locales tienen reconocidos como ingresos, pero que no pueden dar por seguros. Para muchos concellos, especialmente los de mayor tamaño o con más actividad urbanística y tributaria, la gestión de estos impagos continúa siendo una pieza clave de su salud financiera.

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