Los test de drogas ganan peso en los litigios por la custodia de menores: «Tras la pandemia han dejado de ser algo excepcional»

La memoria del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), presentada esta semana, ha constatado que las pericias psiquiátricas suponen ya una de las principales cargas del trabajo del organismo. Jueces, tribunales y Fiscalía demandaron el pasado año 14.232 valoraciones de este tipo, una cifra que prácticamente duplica la registrada en 2019, cuando se contabilizaron 7.588 peticiones.

Las valoraciones para autorizar internamientos psiquiátricos no voluntarios continúan siendo el principal ámbito de actuación de estos psiquiatras forenses. Sin embargo, según explica un profesional del Imelga consultado por este diario —que solicita preservar su identidad— este crecimiento responde a «múltiples factores». Entre ellos, el especialista menciona el incremento de las peticiones de pruebas para detectar consumo de drogas en procedimientos judiciales de divorcio y guarda y custodia de menores.

«Se ha puesto de moda el control de drogas en procesos de divorcio por la custodia de menores», resume el especialista, que enmarca este fenómeno dentro de las valoraciones de medidas de apoyo que realizan los psiquiatras forenses.

Ese diagnóstico forense también coincide con la experiencia de la abogacía. Así lo reconoce la letrada Laura Lorenzo, del despacho Lorenzo Abogados, en Santiago, que explica que «tras la pandemia» este tipo de solicitudes «han dejado de ser algo excepcional y se han convertido en una herramienta habitual» en los procedimientos contenciosos de custodia.

La letrada aclara que el incremento no responde necesariamente a un mayor consumo de sustancias. «Por norma general, ahora hay más custodias compartidas. Cuando se llega a un tema contencioso los progenitores luchan por la atribución exclusiva de la guardia y custodia», explica la letrada, que apunta que «el argumento del consumo de drogas se utiliza con la finalidad de demostrar que el otro progenitor no está capacitado para el cuidado diario de los hijos».

En ese contexto, una de las partes puede solicitar una valoración forense al respecto. No obstante, es necesario que se aporten indicios sobre ese posible consumo que pueda afectar a la capacidad parental del otro progenitor. «No es decir: "Mi exmarido consume cannabis y quiero que le hagan una pericial". Hay que aportar unos antecedentes, informes previos, mensajes o testigos que lo puedan corroborar», explica.

Lorenzo apunta que «este tipo de procedimientos suele ir acompañado de un informe psicosocial». Al margen de esa evaluación, cuando el juzgado considera necesario valorar un posible problema de adicciones se practica una pericia psiquiátrica específica, que el Instituto contabiliza de forma independiente dentro de su actividad.

Habitualmente, la comprobación del consumo se efectúa mediante un análisis de la matriz pilosa, una prueba que permite detectar consumos mantenidos durante los meses anteriores. El especialista consultado por este diario añade que también pueden realizarse controles mediante análisis de orina.

A juicio de la letrada, el recurso a estas pruebas tiene una doble lectura. Por un lado, contribuye a proteger a los menores cuando existe un consumo de sustancias que puede comprometer su bienestar. Sin embargo también advierte de que, en ocasiones, estas solicitudes se instrumentalizan como una estrategia procesal para presionar a la otra parte durante la negociación del divorcio o del régimen de custodia.

Equipos al límite

Más allá del aumento de este tipo de procedimientos, el crecimiento general de las pericias psiquiátricas está incrementando la presión asistencial sobre el Imelga. La abogada asegura que la elevada carga de trabajo está retrasando la emisión de algunos informes, mientras que el especialista consultado subraya que el incremento de la actividad no ha ido acompañado de un refuerzo de personal. «Pese a que el volumen de trabajo se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, el personal en el equipo no ha variado», sentencia.

Fuente: El Correo Gallego